Hacia el desarrollo rural con el campesinado
Artículo publicado en la Revista “Hechos del Callejón” Nº 59 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Colombia.
El próximo 30 de octubre de 2011 son las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejos, asambleas y juntas administradoras locales en Colombia. El siguiente artículo, publicado en la Revista “Hechos del Callejón”, propone lineamientos generales para los programas electorales en materia de desarrollo rural.
Por el Informe de Desarrollo Humano 2011 para Colombia, del PNUD
La primera invitación a los líderes políticos regionales es a caracterizar pobladores y territorios. Pobladores, para saber quiénes son, cómo viven, en dónde se ubican, de dónde derivan su ingreso y quiénes serán los destinatarios de la obra de gobierno. Y territorios, para conocer las actividades económicas, sociales, comunitarias y culturales que ocurren en el espacio que se tiene la aspiración de gobernar.
En buena medida, gobernar es organizar. Por ello se aspira a que el ejercicio anterior ponga en evidencia la enorme importancia que para los municipios tienen los pobladores y territorios rurales o, en pocas palabras, la importancia de gobernar también, sobre todo para las sociedades rurales. Porque en cada municipio colombiano hay un grupo de personas, a veces más o menos numeroso, que vive en el campo y del campo y, entonces, el desarrollo rural no se concibe sin partir del reconocimiento de los derechos de campesinas y campesinos y de su condición de sujetos sociales y políticos.
Tal reconocimiento adquiere sentido si: a) los líderes políticos proponen una agenda de desarrollo rural; b) si esa agenda tiene perspectiva de género y c) si la agenda está orientada hacia la inclusión política, económica y social de los pobladores rurales, con especial atención sobre las campesinas y los campesinos.
Una agenda de desarrollo rural incluyente y con perspectiva de género debería fortalecer, en primer lugar, las capacidades de la gente: crear o apoyar escuelas de formación de líderes en las que los contenidos programáticos y de formación tengan en cuenta las particularidades y necesidades específicas de las mujeres rurales; escuchar a las organizaciones de base de campesinos y campesinas; y abrir canales de participación en los procesos de toma de decisiones, bien podrían ser los primeros pasos.
Pero la ruta de la inclusión también debe procurar soluciones para por lo menos dos tipos de problemáticas nacionales, pero cuyas manifestaciones directas se expresan en el ámbito municipal: a) los efectos de la violencia sobre los pobladores rurales y b) la ampliación de oportunidades para alcanzar un proyecto de vida en el campo.
Con respecto a lo primero, la coyuntura actual invita a que los futuros gobernantes departamentales y municipales expresen su apoyo decidido a los esfuerzos de formalización de los derechos de propiedad y su compromiso de liderar las actividades de la institucionalidad pública con presencia regional y local en torno a la restitución de tierras.
Y, sobre el segundo punto, el compromiso debe ser de largo aliento y enfocarse en tres líneas: solucionar problemas de mercadeo de la producción (vías, comunicaciones, sistemas de información, articulación de cadenas con distribuidores organizados en áreas urbanas); apoyar y capacitar a campesinas y campesinos en la formulación de proyectos para acceder a recursos e implementar programas para que la juventud rural amplíe sus opciones para llevar un proyecto de vida digno en el campo.
Cualquiera de estas propuestas debe ir acompañada de desarrollos institucionales. Para las gobernaciones, ello significa el fortalecimiento de las secretarías de Agricultura para centrar acciones con pequeños productores y grupos sociales campesinos, lo cual debería hacerse en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Y, para las alcaldías, establecer instancias de atención y diálogo con los sectores campesinos, fortaleciendo y reestructurando, por ejemplo, los consejos municipales de desarrollo rural, de forma que logren una representación amplia que les facilite tomar decisiones y lograr acuerdos con las autoridades locales.
El llamado final es a anticiparse a los hechos. Además de la coyuntura (la atención a las víctimas, la restitución de tierras) y los problemas de vieja data (las oportunidades en el campo), los líderes políticos deben considerar propuestas y mecanismos para tramitar conflictos más recientes, por ejemplo por el uso del suelo o por la apropiación de las riquezas del territorio. El futuro del campo colombiano y del desarrollo humano de sus pobladores depende del manejo oportuno de los desafíos planteados por actividades económicas como la minería o los biocombustibles.
El reto es enorme para los nuevos gobernantes, pero como equipo del Informe de Desarrollo Humano que publicará sus resultados en junio de este año, creemos que el bienestar de los colombianos y las colombianas bien vale la pena.
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