Los tradicionales impulsan una contrarreforma política
Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Semanario Virtual Caja de Herramientas
En diciembre pasado el Congreso de la República aprobó una ley estatutaria que reglamenta la reforma constitucional aprobada en el año 2009. En dicha ley se estableció que los partidos políticos deben incluir como mínimo un 30% de mujeres en sus listas de candidatos a corporaciones públicas (concejos, asambleas departamentales y congreso de la República) y también estableció que los candidatos solo podrán aportar a sus propias campañas hasta un 20% del total del monto definido por el Consejo Nacional Electoral, de sus propios recursos.
Estas dos medidas buscan por una parte estimular la presencia de las mujeres en las listas sin que su sola presencia en ellas les garantice su elección toda vez que la mayor parte de los partidos se han inclinado desde su aprobación por la lista del voto preferente o lo que en la jerga de la ciencia política se llama las listas abiertas con voto preferente. Estas medidas afirmativas buscan promover de manera positiva la presencia de las mujeres en los cargos públicos y en este caso en cargos de elección popular. La teoría de las acciones afirmativas para ciertos grupos como mujeres, minorías sexuales, por ejemplo, parte de una consideración histórica y busca otorgar en la ley unas condiciones de mínima presencia en cargos públicos o en este caso en listas electorales. En las democracias más avanzadas como las europeas, por ejemplo, se ha establecido la llamada lista cremallera o sea que se intercalan hombres y mujeres en las listas cosa que también se hace dándoles una representación a las minorías sexuales. Cuando las listas son cerradas esto les garantiza a las mujeres su presencia en igualdad de condiciones a los varones.
La defensa de las acciones afirmativas es muy clara para las minorías y para las mujeres dado que ellas han sido excluidas de los espacios públicos y de la política por más de cuatro siglos. Se considera en éstas circunstancias que las obligaciones que imponen las leyes para considerar estos porcentajes que en el caso de los empleos públicos se ha establecido en Colombia bajo la denominación de Ley de Cuotas permite que las mujeres y las minorías accedan a estos cargos y de ésta manera las mujeres tengan la posibilidad de mostrar sus capacidades pero también de adquirir la experiencia generando una cultura de la participación y de la valoración de ellas en éstos cargos de responsabilidad pública.
El asunto de la contrarreforma que ya fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de la cuál fue uno de los ponentes el representante por el Partido de la U, Roosevelt Rodríguez, busca echar atrás la cuota del 30% de mujeres en las listas para Concejos Municipales y Asambleas Departamentales que se elegirán este próximo 30 de Octubre. Y el asunto es más grave por lo retrógrado de la propuesta toda vez que con el sistema del voto preferente el hecho de que la lista tenga un 30% de mujeres no es garantía de que ellas sean elegidas. Aquí con la solo excepción de los representantes del Polo Democrático, de sectores del Partido Liberal y de los Verdes todo el espectro político tradicional aprobó eliminar este acierto de la ley estatutaria aprobada en las sesiones del Congreso en el pasado período legislativo. La representación de las mujeres no llega al 8% en los cuerpos colegiados de todo el país lo cual es una vergüenza nacional. Ojala las mujeres siguieran el debate y lanzaran una campaña para castigar a los partidos y movimientos políticos que se oponen a la aprobación de medidas afirmativas que mejoren su representación en los cargos de elección popular.
Es igualmente regresivo echar atrás el artículo de la ley estatuaria que limita los aportes de los candidatos a sus campañas. Como bien lo señalaron en el debate los representantes Alfonso Parada del Partido Verde y Guillermo Rivera del Partido Liberal, esta medida pretende regresar al pasado en que sólo podían ser candidatos quienes tienen recursos o sea quienes son ricos y pueden financiar sus campañas. El financiamiento público de las campañas es la democratización de las posibilidades de postularse a líderes sociales y ciudadanos que no tienen importantes bienes de fortuna. Esta es una contrarreforma que apunta al pasado y que debería unir a todos los demócratas, a las mujeres y a las minorías para manifestar nuestro rechazo. Y sería bueno emplazar al gobierno de Juan Manuel Santos que hasta ahora pasa de agache frente a semejante proyecto.
Edición N° 00252 – Semana del 29 de Abril al 5 de Mayo de 2011
Popularity: 3% [?]