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Jueves, 19 Julio 2018 15:42

El control social: Un mecanismo para empoderar a la ciudadanía

Por: Estefanía Madrid

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En el recinto del Concejo Municipal del municipio de Sonsón se realizó el foro público “Consecuencias de la Delimitación del Páramo de Sonsón”. Este encuentro contó con la asistencia de la Administración Municipal, la Personería, Cornare y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Río Verde de los Montes.

 

Este proceso es el resultado que desde hace varios años viene acompañando el Movimiento por la Defensa del Territorio -MOVETE- Conciudadanía, La Corporación Jurídica Libertad, La Red contra el Extractivismo y la Asociación Campesina de Antioquia –ACA-.Este ha consistido en brindar insumos temáticos y metodológicos a las organizaciones locales como es el Consejo Territorial de Planeación –CTP- y las veedurías ambientales conformadas; las cuales, se han planteado defender el territorio de las amenazas que atentan contra el medio ambiente como lo son la construcción de pequeñas y grandes microncentrales, los monocultivos, los agrotóxicos, y la minería.

 

Por lo anterior, se propuso realizar un foro en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo y llevar esta discusión de interés local y regional, a una instancia institucional y municipal que propiciara el diálogo con las comunidades alrededor de tres temas que se han considerado fundamentales para el desarrollo del municipio de Sonsón: áreas protegidas, impactos socioambientales de la agroindustria en la microcuenca del rio Sirgua, Plan Básico de Ordenamiento Territorial y pequeñas centrales hidroeléctricas.

 

Foro Ambiental Páramo de Sonsón

 

Video: Periódico Digital El Páramo

 

Con relación a las áreas protegidas, específicamente en la delimitación del Páramo de Sonsón, en el foro, la comunidad manifiesta que Cornare no tuvo en cuenta los criterios de participación ambiental comunitaria en la delimitación de esta zona. De la misma manera, Andrés Jiménez, representante de la Red de Acción Frente al Extractivismo, afirmó que:“Dicha delimitación, está afectando el estilo de vida de la comunidad campesina ya que no se ha realizado el debido proceso de la promoción de la participación ambiental como lo ordena la Sentencia 361 de 2017”.

 

Respecto a los monocultivos, Carmenza Carmona, coordinadora de la Veeduría Ambiental, afirmó que la agroindustria del aguacate en Sonsón ha venido ganando terreno para la comercialización y exportación convirtiéndose en una amenaza sobre los territorios de alta montaña del municipio y el Páramo; ya que es evidente la deforestación del bosque nativo en la vereda Sirgua para sembrar cultivos de aguacate.

 

Por otro lado, el Plan Básico Ordenamiento Territorial –PBOT- según lo explicó Nelson Restrepo, coordinador de Conciudadanía, debe “definir el modelo de ocupación territorial y la visión del territorio hacia el futuro”. Es decir, con el PBOT, se define la vocación agrícola del suelo, y se alcanza la autonomía territorial del municipio.

 

En Sonsón, las dinámicas actuales de la población rural y urbana han cambiado los usos del suelo, trayendo como consecuencias el cambio de la vocación agrícola, la introducción de proyectos hidroeléctricos, mineros, y a la extranjerización de la tierra; ocasionando el desplazamiento de la población campesina.

 

A su vez, el CTP del municipio en su intervención, hizo una denuncia pública tras un ejercicio de Control Social acompañado por Conciudadanía. Allí se evidenció que, en el municipio, tras existir una importante ejecución de dinero para la actualización del PBOT, a la fecha, aún se encuentra vigente el que se realizó en el año 2001. De manera que, toda la inversión en términos de recursos económicos que se ha ejecutado en los últimos 15 años no da cuenta de la actualización del PBOT; lo cual implíca que el instrumento que actualmente utiliza la Secretaria de Planeación Municipal, no responde a las dinámicas del uso del suelo urbano y rural, ni a las demandas que plantea el modelo de desarrollo del municipio.

 

Uno de los principales de los motivos para que esta actualización no se haya realizado según afirma el presidente del CTP, tiene que ver con la falta de voluntad política y de empoderamiento de la comunidad a la hora de exigir sus derechos. El CTP dice que como colectivo son conscientes de que si no existe un PBOT actualizado, el territorio queda a merced de diversos intereses económicos que puedan vulnerar los derechos de las poblaciones que históricamente han habitado el municipio; es por eso que hace un llamado a las autoridades competentes (Cornare y Alcaldía Municipal) a no conceder licencias, permisos de estudios, concesiones, títulos mineros y declaración de Áreas Protegidas hasta que no se expida un PBOT actualizado, que recoja la normatividad vigente y las necesidades de la población.

 

En cuanto a las PCH (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) Alejandra Villada Ríos, miembro de la Red de Acción Frente al Extractivismo y MOVETE, afirma que: “En Sonsón se tienen pensadas entre 8 y 9 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, las cuales tienen impacto en el territorio sobre todo en la participación ambiental comunitaria; pues los campesinos que se asientan en estos territorios tienen diferentes quejas que constan en que no fueron tenidos en cuenta para tomar estas decisiones sobre su territorio”.

 

Para Mario Carmona, presidente del CTP dice que: “Hay proyectos de pequeñas centrales Hidro-eléctricas que están cambiando el paisaje natural de las veredas y comercializando un bien común como es el agua y todo esto sin contar con las comunidades afectadas por dichos proyectos. También hay problemas con la minería legal e ilegal tanto en el Magdalena Medio como en la zona Caucana y de los cuales la autoridad ambiental y la administración municipal se hace los de la vista gorda”.

 

Es decir, el sentir de la comunidad es que la generación de energía a través de las microcentrales ha modificado las formas de vivir y habitar el territorio para muchos campesinos en la zona de influencia de los proyectos; acarreando desplazamiento, la pérdida de identidad y deterioro de los recursos naturales.

 

Este foro como espacio de interlocución entre la comunidad Rioverde de los montes (afectada por las pequeñas Centrales Hidroeléctricas), los habitantes de la zona rural del municipio, grupos de organizaciones de base y la institucionalidad publica; propició el diálogo, reivindicando la democracia, promoviendo la participación ciudadana y poniendo en la agenda pública del municipio problemáticas que discuten los grupos de base organizados.

 

Para el Consejo Territorial de Sonsón es muy importante organizar este tipo de espacios porque permite a las comunidades analizar y discutir sobre temas que los afectan en la vida económica, social, política y ambiental; garantizando de esta manera, la planeación participativa.

 

Además, se cumple con la ley 152 de 1994, que plantea que es función del Consejo Territorial, organizar y coordinar discusiones sobre asuntos que interesan o afectan a la comunidad; mediante reuniones regionales y locales en las cuales intervengan todos los sectores tanto urbanos como rurales, con el fin de formular recomendaciones a las autoridades y organismos de planificación.

 

Es incuestionable que las comunidades son un actor fundamental para la protección del territorio, por eso es necesario promover estos espacios de interlocución, concertación y construcción entre el ente institucional y grupos de actores locales para propiciar una discusión que plantee alternativas a las políticas que afecten o beneficien sus intereses.

 

Conciudadanía, como organización que promueve la defensa de los derechos ciudadanos y la promoción de la democracia; acompaña a distintos colectivos locales a nivel regional en la búsqueda de la incidencia pública. Para ello, se ha planteado el Control Social con unos criterios éticos, políticos y técnicos como una apuesta institucional que permita empoderar a la ciudadanía. Este empoderamiento se da, por la implementación metodológica y conceptual que como organización se brinda a grupos de actores locales que quieran emprender un ejercicio práctico del Control Social donde se materialice la acción ciudadana; pero, sobre todo, por la reflexión ética del ejercicio, enfocándolo como un derecho constitucional que contribuye con la construcción de confianzas colectivas que permitan la disminución de la corrupción.

 

Sin embargo, es claro que para que este ejercicio se convierta en una realidad eficiente en los territorios, se requiere una comunidad empoderada, una institucional pública dispuesta al diálogo y el acompañamiento y articulación de las organizaciones sociales, para que orienten el ejercicio político, técnico y ético que pretende el Control Social.

 

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