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Martes, 07 Abril 2020 14:19

No se trata solo de ampliar los plazos, se requiere un proceso especial de planeación territorial para enfrentar los impactos de la pandemia

Corporación Conciudadanía

 

Ahora tenemos certeza de que la pandemia por la que atravesamos dejará significativas afectaciones a la economía, los derechos humanos y las relaciones entre las naciones y las personas mismas. Esta emergente realidad nos obliga a revisar nuestros planes, a reconocer las nuevas condiciones, actuales y futuras, para enfrentar nuestros retos.


Esta contingencia aparece justo cuando nos aprestábamos a aprobar los planes de desarrollo en los municipios y departamentos de Colombia, y la consecuencia más inmediata, la que salta a la vista, es que no se cuenta con las condiciones para garantizar la participación ciudadana y la deliberación democrática para su aprobación. Buena parte de nuestros municipios no tiene la tecnología ni los recursos económicos para posibilitar la acción ciudadana, y los Consejos Territoriales de Planeación -CTP- no cuentan con los medios y capacidades requeridas para sesionar regularmente e interactuar con los sectores sociales que representa cada uno de sus integrantes.


Tal situación ha llevado a los parlamentarios, entes territoriales y organizaciones sociales a reclamar la ampliación del plazo para su trámite, inicialmente previsto hasta el 31 de mayo, en lo que muy posiblemente estarán de acuerdo las autoridades nacionales. Pero el tema no termina allí, sino que trae grandes implicaciones en todo el ejercicio de planeación del desarrollo territorial; por eso nos atrevemos a proponer que no solo se ajuste el calendario en lógica de conceder más tiempo, sino que también se posibilite rehacer el anteproyecto y se active todo el ciclo una vez superada la contingencia o se garanticen los medios para la participación ciudadana y el regular funcionamiento de las Corporaciones públicas.

 

Nuestro llamado está soportado en las siguientes consideraciones:


1. Los diagnósticos territoriales quedarían desactualizados. Los economistas advierten graves impactos en los principales factores que determinan el acceso a bienes y servicios básicos; con lo cual el análisis de cierre de brechas realizado a comienzos de año ya no tendrá vigencia.
2. Se alteran los presupuestos de ingresos para los entes territoriales. Se afectará el recaudo propio y las transferencias nacionales variarán, no solo en su volumen sino también en su destinación.
3. Las prioridades territoriales cambian, no solo por las condiciones propias de las localidades sino también por los nuevos lineamientos nacionales.
4. Puede haber una gran diferencia entre el nuevo panorama territorial y las medidas propuestas en los programas de gobierno inscritos por los mandatarios electos.


En consecuencia, debe posibilitarse el reinicio del ciclo de adopción de los planes, permitiendo incluso que los alcaldes formulen iniciativas que se alejen de los respectivos programas inscritos, las cuales deberán estar suficientemente argumentadas. También deberían adoptarse las siguientes medidas:


1. El concepto del CTP no deberá versar sobre la coherencia entre el programa de gobierno y el proyecto de plan, sino tan solo entre las medidas propuestas y los nuevos propósitos.
2. El gobierno nacional debería autorizar el cambio de destinación de transferencias, con destino a financiar las medidas de recuperación.
3. Hay que flexibilizar las condiciones para acceder a los fondos de regalías, de forma tal que ayuden a cofinanciar los nuevos planes de desarrollo. El actual sistema es complejo y excluyente respecto a los municipios más pobres.
4. Apalancar el endeudamiento de los entes territoriales en aquellos casos donde sea necesario.
5. Suspender o variar la aplicación de las herramientas de evaluación de desempeño fiscal del DNP, de forma tal que las administraciones departamentales y municipales den prioridad a las necesidades sociales y económicas de sus respectivos territorios, sin temor a descender en la escala de calificación y a ver castigadas las transferencias.
6. Alentar la formulación de planes articulados, aprovechando las figuras de Provincias y Regiones.

 

Aspiramos a que estos elementos sean debatidos por las Corporaciones públicas y sus agremiaciones; CTP y organizaciones sociales, de forma tal que se puedan construir acuerdos para la adopción de planes de desarrollo que se dirijan efectivamente a fortalecer las capacidades territoriales para enfrentar contingencias como esta. Especialmente invitamos a las Provincias y Regiones para formular iniciativas asociadas, atendiendo a la evidencia de que frente a situaciones como la actual se requiere la articulación territorial.

 

Medellín, abril 6 de 2020

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