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Martes, 15 Septiembre 2020 21:04

La democracia secuestrada

Gloria Alzate Castaño, directora de Conciudadanía y Juan Fernando Bernal, coordinador de la línea de Democracia Local

 

Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña: ¿no habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir?
Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas.
Gonzalo Arango (Elegía a Desquite - Obra negra).

 

El día de los DD.HH. nos despertamos con la noticia del asesinato, en manos de la Policía Nacional, del estudiante de Derecho Javier Ordoñez en una calle de Bogotá; la semana por la paz (en algunos casos el mes por la paz) ha estado atravesada por la violencia en todos los niveles. El asesinato de líderes no mengua en este país que se desangra, el primer día de manifestaciones por el asesinato del abogado Ordoñez dejó un saldo de siete (7) manifestantes muertos, casi 300 heridos entre los manifestantes y otros más de 100 entre los uniformados; dejando claro que somos un país que aún no es capaz de construir medios pacíficos para tramitar los conflictos que en este cada día se incrementan.


En el Día Internacional de la Democracia quisiéramos contar una historia distinta, decir que por lo menos en este tema las cosas sí siguen su lógico desarrollo, pero no, desde hace días (meses, años…) venimos asistiendo al debilitamiento de la democracia; el Artículo 1, de la Constitución Política de Colombia, nos define como un “Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria... democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, pues por lo menos este fue el sueño al que nos aferramos, el sueño de un grupo amplio de hombres y mujeres, plural y con profundas diferencias ideológicas, que en 1991 lograron ponerse de acuerdo y generar un gran pacto social.


Desde la formalidad y como lo establece la Constitución, Colombia es una democracia y se precia de ser una de las más consolidadas de América Latina, pero en sentido estricto lo que significa un estado democrático dista mucho de la realidad de este país. Desde una lectura objetiva a los hechos de la coyuntura política nacional, esta afirmación pierde todo sustento argumentativo; y es que poco a poco esa ‘sociedad democrática’ que se requiere para tener una democracia sana, ha venido siendo debilitaba por las prácticas autoritarias y violentas que se ejercen desde el gobierno, que ve en el que piensa distinto, o plantea ideas políticas disimiles, a un enemigo.


Los efectos de la pandemia en la acción colectiva, en las organizaciones de la sociedad civil, la movilización y la protesta, complejizan el panorama. Pasamos de unas grandes movilizaciones a finales del 2019 al aislamiento y al encierro, aunque es importante reconocer que la interacción se mantiene, o quizá se incrementó a través de la virtualidad; lo cierto es que la incidencia en las decisiones públicas que afectan a todos los ciudadanos/as ha sido muy restringida y por tanto con pocos resultados. Así mismo la ciudadanía ha tenido que explorar toda su creatividad y utilizar los medios digitales para hacerse escuchar y ganar respaldo.

 

Estos efectos se han vivido con fuerza en el ámbito de la participación ciudadana, la cuarentena obligatoria menguó en el primer momento los espacios de debate de la ciudadanía con las autoridades locales para la construcción participativa de los Planes de Desarrollo, desde diferentes sectores sociales y políticos se instó al gobierno nacional para generar estrategias que permitieran que aun en la situación de anormalidad dada la contingencia del covid 19 se pudiera garantizar el derecho constitucional a la participación en la planeación local, fruto de estas discusiones, se expidió el 21 de mayo el decreto 556 que ampliaba los plazos para presentación y aprobación del plan de desarrollo municipal, sin embargo, la mayoría de municipios no se acogieron a esta propuesta, generando con esto, Planes de Desarrollo Municipales sin la adecuada participación ciudadana.


En medio de esta situación irregular de aislamientos para estas generaciones, se ha revivido en el país hechos que estábamos tratando de superar como efecto del Acuerdo de Paz; se volvió cotidiano nuevamente desprestigiar a todo aquel que piense distinto al partido de gobierno; estigmatizar y perseguir a los integrantes de los partidos alternativos o de oposición, asesinar e intimidar a líderes/as sociales, defensores/as de DD.HH. o firmantes del Acuerdo de Paz; callar a los periodistas y coartar la libertad de expresión.

 

Ahora, más que nunca, es evidente como se desvaneció frente a nuestros ojos el equilibrio de poderes y la independencia de los poderes públicos; la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría ahora parecen oficinas de la presidencia; como ya lo advirtió por medio de un comunicado Transparencia Internacional el pasado jueves 3 de septiembre donde señala una "profunda preocupación por la creciente concentración del poder en el Presidente de la República, en detrimento de las otras ramas del poder", afirmando tambien que “durante 2020 se han elegido personas cercanas al gobierno para dirigir la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, situación ante la cual se corre el grave riesgo de afectar la independencia que debe tener dichos órganos externos de control frente al poder ejecutivo” .


Otro elemento que preocupa, y que han señalado a su vez Transparencia Internacional y un diverso número de organizaciones sociales en el país, es la manera como a partir de las declaratorias de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (decratadas el 17 de marzo la primera y el 6 de mayo la segunda), que facultan al presidente para generar decretos con fuerza de Ley sin tener que hacer el trámite por el legislativo, han facilitado esa concentración del poder en el ejecutivo.

 

Y es que en este periodo de cuarentena el gobierno nacional ha expedido 119 decretos ley (72 en la primera declaratoria y 47 en la segunda) en materia social, económica, tributaria, de salud, de transporte, de movilización, de pensiones, de vivienda, entre otros; en los que se presume que en algunos de estos se ha venido “legislando” temas de la agenda de gobierno que no tienen que ver propiamente con la emergencia declarada, lo que desde diferentes sectores políticos y sociales se ha venido denunciando; desconociendo además, las recomendaciones de Naciones Unidas que declaran que “Las autoridades tienen que ser abiertas y transparentes al tomar decisiones y estar dispuestas a escuchar las críticas y responder a ellas. Es fundamental que circulen libremente información y datos desglosados (…) los gobiernos tienen que rendir cuentas a la gente que procuran proteger. La libertad de prensa y la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil operen en un espacio cívico abierto son componentes vitales de la respuesta a la pandemia, y hay que fomentarlas”.


Todo esto sin olvidar que los viejos vicios en el ejercicio de la política se mantienen y se afinan en la época electoral, que se avecina y se empieza a sentir. Un sistema clientelista donde los electores/as no son más que clientes con quien se intercambian favores por lealtad política y si no es suficiente, se les compra el voto; este es el sistema que le ha funcionado al ejecutivo para sacar adelante sus iniciativas o nombramientos “de bolsillo”, y así manejarlo todo para el beneficio unos pocos y en detrimento de las mayorías. Estas prácticas corruptas han generado en la población desprestigio de la política, desinterés de participar del ciudadano/as, desconfianza en los políticos y las instituciones públicas y debilitamiento de la democracia.


Las preguntas que debemos hacernos todos y todas, son ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde quedaron los ideales constitucionales? La democracia necesita sujetos democráticos, con conciencia crítica y criterio propio, ¿Qué tanto de eso tenemos? ¿Qué tanto nos importa lo público, el interés general, la opinión del otro/a? ¿Qué tanto valoramos la diferencia, la pluralidad y la diversidad? ¿Qué tanto puedo ceder o hacer, para que los otros/as estén bien? Y lo más importante, ¿Qué tanto valoro la vida en todas sus expresiones? Porque sin ella, el resto no tiene sentido.


La invitación es a retomar los principios constitucionales que determinan la democracia, trabajar por ellos, por formar subjetividades democráticas, promover ciudadanías activas que generan acción política en defensa de lo público, del territorio y del interés general; que se involucre y participe en las decisiones públicas que lo/a afectan y que ponga como VALOR SUPREMO: LA VIDA; porque hoy, en el Día de la Democracia, tenemos que reconocer que en Colombia cada vez hay menos. Y es que la democracia está secuestrada, o vivimos en una dictadira disfrasada de democracia.

 

Referencias

  • Imagen de portada: Vector de Negro creado por freepik - www.freepik.es
  • Comunicado transparencia internacional. En: (https://transparenciacolombia.org.co/2020/09/03/alarmante-concentracion-del-poder-en-el-ejecutivo-en-colombia/)
  • El covid19 y los derechos humanos, en esto estamos todos juntos. Naciones Unidas, abril 2020. En: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/human_rights_and_covid19_spanish.pdf

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