PROVISAME en Suroeste y Occidente

Dado el contexto de violencia intrafamiliar y social que se observa cotidianamente en el Suroeste y occidente, hemos iniciado un proceso de formación de las Promotoras de Vida y Salud Mental – PROVISAMES – ya formadas en el apoyo sicosocial a víctimas del conflicto armado, para que se especialicen en la atención a víctimas de la violencia cotidiana, con el modelo de apoyo entre iguales GAI desarrollado en los municipios de San Francisco y San Rafael. Este es un proceso que ha tenido muy buena acogida, pues son pocas las personas en estas regiones que no han sufrido por este tipo de violencias.

Hasta la fecha se han realizado 3 talleres, llamados pasos, con un grupo de 26 PROVISAMES quienes a su vez, están trabajando con grupos de 15 personas aproximadamente, en cada uno de sus municipios.

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En Sonsón las comunidades proyectan su futuro

oct 01, 10 En Sonsón las comunidades proyectan su futuro
ACR – Bogotá, 9 de septiembre de 2010.

En el municipio de Sonsón ubicado en el suroriente antioqueño las comunidades de los corregimientos de Jerusalén y las comunidades de San Miguel presentaron a las instituciones locales y a los demás habitantes de sus corregimientos los planes de vida de sus territorios.

En un ejercicio de concertación que duró alrededor de 5 meses, las comunidades realizaron la planeación del desarrollo de su territorio con una visión de largo plazo y con un sentido de compromiso con la vida de las generaciones presentes y futuras para desarrollar su autonomía y sus capacidades de participación ciudadana.

Los planes de vida desarrollados contemplaron el desarrollo ambiental, económico, cultural, social y político de sus corregimientos.

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34 familias reciben títulos como propietarios

Publicado en El Mundo, 19 de septiembre de 2010

El comisionado de la CNRR Jaime Jaramillo Panesso; el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el gerente general del Incoder, Juan Manuel Ospina, entregan en Urabá, hoy domingo 19 de septiembre, 34 títulos propiedad a igual número de familias campesinas que fueron víctimas de desplazamiento en el pasado. La titulación, que hace el Incoder vía adjudicación de predios baldíos, fue solicitada el año pasado dentro del proyecto piloto de restitución de Turbo, ejecutado por la sede regional Antioquia de la CNRR y la ong Conciudadanía, con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). El proyecto se hizo en las veredas La Teca, California, Calle Larga y Nueva Unión, del corregimiento Nueva Colonia, de Turbo, donde se encontraron reclamaciones sobre 3.034 hectáreas.

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La trampa de la ilegalidad

sep 09, 10 La trampa de la ilegalidad

Nelson Enrique Restrepo
Coordinador Operativo
Publicado en El Colombiano, 09 de septiembre de 2010

Complejo legado nos dejan tantos años de violencia: personas y comunidades ante la evidencia de un Estado débil buscan en las bandas, los combos y las oficinas, la seguridad y la justicia que el Estado no puede monopolizar y proveerles.

Una trampa de violencias alimentada de forma permanente que labra día a día la repetición de la muerte.

En un cementerio de un corregimiento del Magdalena Medio puede leerse en la lápida de un paramilitar enterrado, un epitafio de agradecimiento a quien con su lucha y labor dio la vida por la seguridad y bienestar de los pobladores de ese terruño olvidado. Una postal para la memoria del conflicto de una comunidad que en 2007, en el acto de la desmovilización de las autodefensas a cargo de Ramón Izasay Macgiver , le pedían a voz en cuello al Alto Comisionado no dejarlos indefensos.

Otra postal. En una asamblea ciudadana en San Carlos, en 2008, un excombatiente de las autodefensas con voluntad de quedarse en la civilidad le rogaba a la comunidad reunida no buscarlo para resolver los conflictos cotidianos: “he renunciado a la violencia y estoy cansado, no me busquen, busquen a las autoridades”, les decía.

Hoy, cinco años largos después de la desmovilización de las autodefensas, la escena sigue su reproducción. Informan los medios de comunicación que grupos de vecinos en la comuna 13 han salido a defender con machetes, palos y piedras, a los jóvenes del combo que les da seguridad de los ataques de los otros combos, del Ejército y la Policía que han enviado las autoridades públicas. Una respuesta quizá espontánea y, en todo caso, desesperada que configura una modalidad de autodefensa.

Una constante de estas escenas es la legitimidad que las personas y comunidades les han otorgado a los grupos armados ilegales para que administren seguridad y justicia. Esto es una lección enorme a una sociedad indiferente e impotente con las víctimas y los victimarios, una herencia maldita que dificulta la reinserción de los excombatientes, hace utópica la no repetición de la violencia y la consolidación de la paz.

Tienen razón quienes ponen al centro del debate de la solución del conflicto armado colombiano y la superación de las violencias, el cambio de la cultura de la ilegalidad y el fortalecimiento de una institucionalidad democrática capaz de hacerse confiable a los ciudadanos. La principal esperanza con que contamos es la posibilidad de fortalecer el Estado colombiano, los gobiernos locales, aprovechar las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación para trabajar en este cambio cultural con perspectivas de transformación en el largo plazo.

Para que el Estado se vuelva confiable hay que trabajar mucho más. Mientras las comunidades atormentadas por las barbaries de grupos armados perciban como corruptas a la autoridad pública que tiene la misión constitucional de prestar seguridad; mientras la sociedad en su conjunto e inclusive las autoridades locales no confíen en la administración de justicia; mientras se mantengan los nexos de los políticos con las bandas criminales, los paranarcos y unos y otros tengan planes de acceder al poder político; en fin, mientras no sea legible el límite que marca la diferencia entre lo legal y lo ilegal en temas de seguridad y justicia, seguiremos condenados a esta tragedia.

Si las Farc y el Eln se desmovilizaran mañana, casi nada pasaría en Medellín y en las ciudades; los futuros excombatientes narcotraficantes encontrarían un clima social, cultural e institucional fértil para florecer como una amapola. Pasado mañana estaríamos aún perdidos en las trampas de la ilegalidad.

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