Declaración de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia

Margaret Sekaggya, al término de su visita a Colombia

Comunicado de prensa
Naciones Unidas

BOGOTÁ, 18 de septiembre de 2009 – Del 7 al 18 de septiembre, realicé una visita de investigación para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, y viajé a Bogotá, Barranquilla (Atlántico), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca) y Arauca (Arauca). Me reuní con el Presidente, el Vicepresidente y otros funcionarios de alto rango del ejecutivo; con jueces de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y la Oficina de la Fiscalía General de la Nación; así como con congresistas. Además, me entrevisté con los Jefes de la Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Asimismo, celebré reuniones con funcionarios del Gobierno local en las cuatro regiones que visité. También me encontré con miembros de la comunidad diplomática y los organismos de Naciones Unidas en la capital. Finalmente, en el transcurso de la misión, me reuní con un amplio y diverso sector de la sociedad civil colombiana.

Agradezco encarecidamente al Gobierno de Colombia su invitación y su colaboración ejemplar a lo largo de toda la misión. Asimismo, doy las gracias a todos los defensores de derechos humanos con quienes me reuní, algunos de los cuales viajaron desde muy lejos para verme.  Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colomina (OACNUDH) por su valioso apoyo tanto durante la misión como en la fase de preparación.

Si bien ahora he de tomarme un tiempo para revisar y analizar la importante cantidad de información que he recibido, así como para continuar intercambiando información con el Gobierno, los defensores de derechos humanos y demás interlocutores, quisiera presentar aquí unas cuantas observaciones preliminares y recomendaciones.

En primer lugar, deseo encomiar al Gobierno por la mejora significativa de la situación general de seguridad en el país desde 2002. Han mejorado tanto el respeto por el derecho a la vida como el ejercicio de las libertades fundamentales para los ciudadanos colombianos.

Además, deseo saludar al Gobierno por haber concebido políticas y estrategias para la protección de los defensores de derechos humanos. Celebro el aumento notable de fondos dedicados al Programa Nacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (de 13 millones de dólares en 2002 a 40 millones de dólares en 2009). Apoyo asimismo el trabajo de las Defensorías del Pueblo nacionales y regionales, en particular su sistema de alertas tempranas, y considero que sus informes deben hacerse públicos y ser tenidos en cuenta con mayor frecuencia por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT). Asimismo, felicito al Gobierno por la adopción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y le insto a implementarla lo antes posible.

Dada la situación actual de polarización, considero notable que el Gobierno y la sociedad civil hayan logrado concluir una serie de acuerdos a través de las mesas para las garantías de protección de los defensores de derechos humanos. Observo con especial satisfacción que, tras mi reunión con él, el Presidente Uribe declarara públicamente el 17 de septiembre de 2009 que:

“la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia. “

Espero que esta declaración ayude a reducir la tensión y contribuya a mejorar el clima de diálogo entre el Gobierno y los defensores de derechos humanos. Con este nuevo avance, insto al Gobierno a implementar diligentemente los acuerdos alcanzados con los defensores de derechos humanos en materia de garantías para su trabajo; a proseguir con el diálogo; y a dar prioridad a las investigaciones de las amenazas recibidas por los defensores que participaron en las mesas de garantías para defensores de derechos humanos.

Si bien reconozco los esfuerzos del Gobierno mencionados anteriormente para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos, aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos. A la luz de lo que he visto y oído en los últimos 12 días, puedo concluir que siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familiares. Periodistas, sindicalistas, magistrados, abogados, activistas estudiantiles y juveniles, mujeres defensoras, líderes indígenas y afrocolombianos, así como activistas LGBT han sido asesinados, torturados, maltratados, desaparecidos, amenazados, capturados y detenidos arbitrariamente, judicializados, vigilados, desplazados por la fuerza, u obligados a exiliarse; o bien se han allanado sus oficinas y se han robado sus archivos, a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Al parecer, algunas de estas violaciones hay que atribuirlas a miembros de la guerrilla, a nuevos grupos armados ilegales y a grupos paramilitares que, según los defensores de derechos humanos, no han sido desmantelados. El Gobierno tiene la responsabilidad de denunciar e investigar de manera exhaustiva estas violaciones y enjuiciar a sus autores. Sin embargo, según distintas fuentes, la fuerza pública también ha cometido violaciones contra defensores de derechos humanos, o ha mostrado complacencia con respecto a las violaciones cometidas por actores privados contra los defensores.

En particular, me preocupa profundamente el fenómeno tan extendido de las amenazas provenientes de autores desconocidos contra defensores de derechos humanos y sus familiares, que con frecuencia se materializan  a través del envío de panfletos, sufragios, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Estas amenazas generan un clima de miedo dentro de la comunidad de defensores de derechos humanos. Es necesario que la policía se tome estas amenazas en serio adelantando sistemáticamente investigaciones y haciendo que los autores comparezcan ante la justicia. En este contexto, deseo señalar que las amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia debilitan el sistema de justicia en su conjunto, fomentan la impunidad y, por ende, repercuten negativamente en el trabajo de los defensores.

Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la  estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno. Haciéndome eco de la declaración del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales al término de su visita a Colombia, el 18 de junio de 2009, los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser “terroristas” o “guerrilleros”, o de estar operando en secreto con ellos. La declaración pública del Presidente Uribe reconociendo el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, y las realizadas recientemente por el Vicepresidente y el Ministro del Interior y Justicia son pronunciamientos importantes para la comunidad de derechos humanos. Es asimismo importante que la Procuraduría General de la Nación siga investigando las declaraciones hechas por servidores públicos en relación con defensores de derechos humanos, que son extremadamente nocivas para el trabajo de estos últimos.

La impunidad por las violaciones cometidas contra los defensores de derechos humanos  también contribuye enormemente a su inseguridad. Si bien tomo nota de las investigaciones en curso en relación con las actividades ilegales de agentes del DAS, la Oficina de la Fiscalía General de la Nación debería hacer más para investigar cabalmente las violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos y enjuiciar a los responsables. El Estado debe facilitar recursos adicionales para resolver efectivamente todos los casos de violaciones de derechos humanos contra defensores. Celebro la reciente creación de las  Unidades de Asuntos Humanitarios en la Oficina de la Fiscalía General de la Nación, y espero que pronto se obtengan resultados concretos. Por último, me preocupa también el hecho de que algunos fiscales operen desde instalaciones militares, lo que arroja dudas sobre la independencia del poder judicial en Colombia. Recomiendo que la Fiscalía General de la Nación aborde esta cuestión.

En cuanto a la seguridad de los defensores de derechos humanos, se me informó de que el Gobierno está reformando el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia. Algunos elementos importantes de dicha reforma deberían tener en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Sugiero encarecidamente que los agentes del Estado que defienden los derechos humanos (magistrados, y miembros de las Defensorías regionales y nacionales) sean incluidos en dicho programa. Además, debería simplificarse y agilizarse el proceso de solicitud de medidas de protección. También hay que resolver la cuestión del espionaje a defensores de derechos humanos por parte de los escoltas asignados para su protección. Además, deberían ampliarse las medidas preventivas del programa. Por último, los defensores de derechos humanos han manifestado su inquietud por la privatización de este programa, una cuestión que debería ser debatida y resuelta conjuntamente.

Me preocupa asimismo la información sobre el seguimiento y la interceptación por parte de los servicios de inteligencia civiles y militares sufridos por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en 2005 y la Relatora Especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  en 2005. Celebro que la Oficina del Fiscal General de la Nación esté enjuiciando actualmente a al menos 40 funcionarios del DAS, incluidos cuatro de sus antiguos directores. No obstante, sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente. El Ministerio de Defensa, el DAS y la Procuraduría General deberían crear un mecanismo para depurar todos los archivos de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, sus familiares y sus organizaciones, con la asistencia de la OACNUDH y la comunidad internacional. Esto debería acompañarse de una redefinición por parte del aparato del Estado de los objetivos de sus actividades de inteligencia, mediante la instauración de un control democrático de estas actividades. Por último, debería garantizarse a los defensores pleno acceso a la información de inteligencia que les concierne.

En relación con la recabación de información de inteligencia sobre defensores de derechos humanos, quiero expresar mi grave preocupación por las capturas y detenciones  arbitrarias (a veces masivas) de defensores de derechos humanos, así como por los procesos penales infundados iniciados contra ellos, sobre la base de informes de inteligencia militares o policiales, y de testimonios de personas desmovilizadas o de informantes a cambio de beneficios legales o pecuniarios. Las oficinas de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación deberían investigar cabalmente todos los abusos y castigar a los culpables. Además, el Gobierno debería restaurar el buen nombre y la reputación de los defensores que hayan sido víctimas de la arbitrariedad del Estado.

Presentaré mi informe completo con las conclusiones finales y las recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2010.

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Acuerdos básicos sobre caminos a la reconciliación social y política en Colombia

Monseñor Nel Beltrán, Obispo de Sincelejo, ponente en nuestro Seminario Internacional sobre Reconciliación, se ha dedicado en buena medida a suscitar el diálogo entre líderes del sector político, intelectuales. Con base en la discusión de este documento propone crecer hacia arriba (otros dirigentes) y hacia abajo (experiencias locales, comunciaciones).

De momento, desde Conciudadanía nos parece importante dar a conocer el documento para que se vaya discutiendo en diferentes instancias sociales. Por eso hemos dispuesto una copia digital, considerando que puede alimentar nuestros Planes de Vida para la Reconciliación.

Documentos relacionados

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Mayor información
Benjamín Cardona Arango
Director Territorial de Conciudadanía en el Oriente Antioqueño
benjamincardona@conciudadania.org

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Campaña Internacional por la defensa de los Derechos Humanos

Colombia: Defensores de Derechos Humanos Bajo Amenaza

Como ya es sabido, en Colombia ser defensor de derechos humanos es un trabajo de alto riego que incluso puede costar la vida. Como respuesta a esta situación, y al aumento de amenazas y ataques perpetrados por actores estatales y no-estatales en contra de los defensores, diferentes organizaciones de derechos humanos en Colombia comenzaron a desarrollar ideas de como coordinar acciones encaminadas a que el gobierno Colombiano responda adecuadamente a esta situación. El resultado fue la creación de una Campaña Internacional. El objetivo de la Campaña es crear presión sobre el  gobierno Colombiano de una manera coordinada y sostenida, con el fin de lograr un cambio significativo y duradero en la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia.

La Campaña abordará cinco áreas claves, en las que es necesario un cambio para mejorar las garantías y la protección de los defensores. Esas áreas son:

1. El problema de la Impunidad en los casos que involucran a defensores.
2. El uso inapropiado de información de inteligencia en contra de defensores.
3. La estigmatización sistemática por parte del Estado en contra de los defensores
4. Las investigaciones judiciales sin fundamento en contra de defensores.
5. Los problemas con el programa de protección a  los defensores.

Un número importante de organizaciones Colombianas, Norteaméricanas y Europeas han trabajado en conjunto en la creación de una Declaración que contine los mensajes centrales de la Campaña, y recomendaciones de política dirigidas a los cinco puntos arriba mencionados. Varias organizaciones Colombianas fueron consultadas durante el proceso de elaboración de los dos documentos. Estamos pidiendo a las organizaciones que por favor se suscriban a ambos documentos, así como a la carta dirigida al Presidente Uribe (la cual será enviada también a otros funcionarios del gobierno) que incluye los mensajes y las recomendaciones. Esperamos que un gran número de organizaciones que trabajan en pro de los defensores de derechos humanos en Colombia se subscriban a esta iniciativa, y de esta manera mostrar un frente unificado al gobierno Colombiano.

La Campaña será lanzada oficialmente el 9 de Septiembre, fecha que coincide con la visita del Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos a Colombia. Diferentes eventos serán organizados durante los próximos dos años, en Estados Unidos y Europa.

Revise las versiones finales de la Declaración y las Recomendaciones de la Campaña Internacional HRD, en inglés y español

• PDF Declaración (español)
• PDF Recomendaciones (español)
• PDF Declaration (English)
• PDF Recommendations (English)
• PDF Firmantes

¿Qué significa para su organización subscribirse a la Campaña?

Al subscribirse a la Campaña el nombre de su organización será incluido en la carta dirigida al gobierno Colombiano, en diferentes documentos que serán publicados a lo largo de la Campaña, en la página de internet, etc., los cuales harán siempre referencia a los mensajes claves y las recomendaciones propuestas.

De igual manera les pediríamos que en la medida de lo posible, incorporen los mensajes de la Campaña dentro de su trabajo sobre defensores de derechos humanos en Colombia. La idea es lograr un trabajo unifcado que abogue por cambio de política real, en vez de acciones independientes que respondan a casos específicos solamente.

Además, les pediriamos que pongan el logo de la Campaña y el material informativo en la página de internet de sus organizaciones haciendo referencia a la Campaña.

Así mismo, organizaremos acciones alrededor de la Campaña, tanto a nivel de gobierno como de la sociedad civil, en Colombia, Europa y Estados Unidos en lo restante del 2009 y durante todo el 2010; sus ideas y participación son bienvenidas. Somos conscientes de los limitantes de tiempo y la especificidad de la misión de cada organización, por lo que estamos abiertos a diferentes formas y grados de participación.

Por favor dejarnos saber lo mas pronto posible si desean subscribirse a la Campaña.

Algunas de las organizaciones participantes de la Campana son:
Human Rights First, US Office on Colombia, Christian Aid, International Office for Human Rights – Action on colombia (OIDHACO), ABColombia (Oxfam GB, Catholic Office for Overseas Development, Trocaire, Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF)), Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC) and DIAL. Entre otras organizaciones Colombianas.

Para suscribir esta campaña, escriba a:
María Cristina Umbarilla: coordinacion@dialcolombia.org
Johnathan Glennie: jglennie@christian-aid.org.

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Organizaciones sociales respaldan y acogen convocatoria del Alcalde de Medellín para enfrentar violencia

Medellín, 28 de Agosto de 2009

Sr.:
ALONSO SALAZAR JARAMILLO
ALCALDE DE MEDELLÍN
La ciudad

“Respaldamos y acogemos su convocatoria”

Estimado Alcalde.

Le escribimos esta nota como respuesta inmediata de respaldo a su propuesta “Medellín más segura. Juntos si podemos” y con la convicción de que tenemos cosas para aportar en la superación de las violencias que hoy vuelven a manifestarse de manera dolorosa en la ciudad.

Durante los 90 aprendimos que una convocatoria amplia y sincera a la sociedad en su conjunto, para que delibere y acuerde rutas de acción concertadas, es una pieza fundamental en el marco de una estrategia como la que usted propone. Es claro que se deben combinar profundas y persistentes intervenciones políticas, sociales, culturales y comunicativas tanto en el nivel de ciudad, como en el nivel comunitario y barrial, mediante las cuales se le quite paso a paso espacio a la violencia.

La ciudad tiene unos acumulados y conocimientos que deben movilizarse en este momento para el logro de la recuperación de una coexistencia democrática sin violencia.

Nos parece de la mayor importancia que Usted personalmente lidere esa convocatoria y nos disponemos de manera entusiasta a concertar acciones y espacios que faciliten la participación comunitaria, que potencien la educación y la cultura como palancas constructoras de convivencia y respeto.

¡Gracias por la convocatoria! Las organizaciones sociales que firmamos esta convocatoria queremos hacer real y activa de la estrategia y aportar nuestros acumulados institucionales y personales al éxito de la tarea. Esperamos su llamado.

Museo de Antioquia
Federación Antioqueña de ONG
Corporación Región
Fundación para el Bienestar Humano
Conciudadanía
Escuela Nacional Sindical
Viva la Ciudadanía

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