Comunicados
Declaración sobre el riesgo de una ruptura institucional en Colombia
La Corporación Viva la Ciudadanía y las organizaciones que la conformamos manifestamos que no hemos sido firmantes del comunicado denominado “Inminente amenaza de golpe de Estado”, fechado el 2 de febrero de 2024, y rechazamos el uso de nuestro nombre sin autorización.
Frente a las distintas manifestaciones y análisis sobre el riesgo de una ruptura institucional en Colombia que han circulado en los últimos días, hemos acordado expresar nuestra postura:
Vemos con preocupación como algunos líderes de la oposición hacen llamados a no permitir que el Presidente cumpla su período constitucional, a obstruir la gobernabilidad, “a hacer invivible la República”, muchos de esos llamados hacen parte del derecho a discrepar y ejercer control social y político, pero también, en algunos casos, sobrepasan los límites democráticos al proponer vías no institucionales, y en tal sentido merecen y necesitan el rechazo de la ciudadanía y de la comunidad internacional.
Es muy grave y evidente la actuación desigual de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación frente a los diferentes procesos que investigan. En algunos casos hay retrasos e inacción mientras que en otros se evidencia una inusitada celeridad y despliegue. Esto genera una profunda lesión a la confianza en las instituciones, por su notoria arbitrariedad y deja dudas sobre las intenciones políticas de sus actuaciones. De igual manera, preocupan las declaraciones del Fiscal Barbosa sobre el Presidente de la República, salidas de toda proporción y respeto exigibles a un alto funcionario del Estado. Dichas declaraciones no solo constituyen una clara extralimitación de sus funciones, sino que erosionan la relación de cooperación armónica entre las ramas del poder público.
Es motivo de alarma la forma como la Corte Suprema de Justicia ha dilatado la escogencia de la nueva Fiscal General de la Nación. El ejecutivo cumplió, hace más de cuatro meses, con su deber de proponer a tres mujeres idóneas para ocupar este cargo, por lo tanto, le corresponde a los magistrados actuar sin dilaciones, para no generar instabilidad y mayor pérdida de confianza en las instituciones y, particularmente, en la justicia.
Las instituciones de las diferentes ramas del poder público están sometidas a la Constitución y obligadas a respetar y no vulnerar los principios y derechos democráticos; en este sentido, todas las entidades del Estado y sus funcionarios, están llamados a cumplir las decisiones del Ministerio Público y las Altas Cortes, de manera inmediata. Si bien pueden discrepar de dichas decisiones, es su deber seguir los procedimientos institucionales establecidos en el ordenamiento jurídico del país, para impugnarlas.
El Presidente de la República, como jefe de Estado, es el primer obligado a cumplir la Constitución, velar por la estabilidad institucional, acatar las decisiones de las autoridades e identificar los medios jurídicos correspondientes para tramitar las discrepancias entre las distintas entidades del Estado. En este momento de altas tensiones y riesgos de rupturas, le corresponde asumir un talante democrático que posibilite recuperar la relación armónica entre las instituciones, promueva la articulación de los distintos sectores entorno a las grandes transformaciones que requiere el país y posibilite avanzar en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo.
Las organizaciones sociales y la ciudadanía esperamos de todas las autoridades que cumplan con eficacia sus funciones, que no abusen de su poder, que no deterioren aún más la confianza en las instituciones, que busquen cooperar para hacer vigente el Estado Social y Democrático de Derecho, y que todas las conductas de desviación y abuso del poder se investiguen y se corrijan en los marcos del Estado de Derecho, con la celeridad e importancia que merece recuperar la normalidad institucional.
Firman:
La Corporación Viva la Ciudadanía, y las organizaciones que la conformamos: Casa de la Mujer, Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz Cinep/PPP, Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas/ Corfas, Corporación Conciudadanía, Corporación Podion, Corporación Región, Escuela Nacional Sindical – ENS, Fundación Foro Nacional por Colombia
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