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Miércoles, 16 Septiembre 2020 19:40

Ante la disputa por la Verdad, urge un compromiso con el cambio cultural

Jharry Martínez, coordinador de la línea de Paz y Reconciliación. 

 

La vida republicana de Colombia, al menos hasta inicios de la década de 1980, se caracterizó por la eficacia del modelo bipartidista en mantener su hegemonía política que, a pesar de las numerosas guerras civiles de finales del siglo XIX e inicios del XX, no había sufrido prácticamente ningún cambio con relación a las posibilidades de representatividad, más allá de algunas expresiones de “rebeldía partidaria” que se evidenciaron en tensiones internas pero no en una disputa directa por la representación a los dos partidos predominantes.

 

A partir de esto, se consolidó una intrincada estrategia (impulsada entre otros por la geopolítica propia de la guerra y pos guerra fría en el continente) en donde la existencia de un enemigo “común” a la sociedad, permitió cierto control institucional y hegemonía gubernamental a partir de la implementación de políticas, que a menudo vulneraron los DDHH bajo la justificación de la lucha contra ese enemigo común, para el caso de Colombia, fueron las guerrillas socialistas y comunistas, especialmente las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, Ejército del Pueblo – FARC –EP. Esta noción de enemigo interno, como bien lo explica Magda Alicia Ahumada:


Se expresa como una construcción dual, una de dimensión trascendental y otra, terrenal. Es una visión entre dos fronteras ideológicas, abstractas y tangibles: el bien y el mal, lo blanco y lo negro, lo bello y lo feo, el amigo y el enemigo; extremos y puntos de orientación en la cosmovisión de la vida, que en los múltiples escenarios socioculturales aparece recreado en múltiples formas e imágenes (Ahumada, 2007).


Es decir que la concepción misma de enemigo interno sobre la cual se fundamentó la estrategia política y de guerra en Colombia durante la existencia del conflicto armado entre el Estado y las FARC – EP (entre otras guerrillas), no sólo tiene una connotación argumentativa e ideológica en torno a la relación con el otro que me es distinto y en muchos casos opuesto; sino que configura una construcción cultural en la que la dicotomía aparece como forma de relación social y política.

 

30 de Agosto al 4 de Octubre


De allí que, a la par con el surgimiento y mantenimiento de instituciones propias de un Estado de derecho y de libertades y derechos civiles, se permite la coexistencia paralela del estado de sitio (declarado e implícito) como normalidad, de fórmulas autoritarias y de represión de la protesta social legítima, de grupos paramilitares y de violencia probada con apoyos en las Fuerzas Armadas, de la impunidad y de la falta de garantías para la vida humana, así como de evidentes expresiones de intolerancia y exclusión anti izquierdista. (Lopéz de la Roche, 1994), citado por Fabio Velázquez (Velázquez, 2011, pág. 160)


Una vez firmado el Acuerdo Final de Paz en noviembre de 2016, la tragedia humanitaria que significó esa guerra en particular, daría paso en la agenda pública a otros temas de diversa índole pero enmarcados en dos condiciones que afectan negativamente la posibilidad de dar el salto hacia una sociedad en vía de construcción de paz. Primero la continuación del conflicto armado interno que, a pesar de la esperanza que significó el Acuerdo Final de Paz, y de los compromisos en este adquiridos en torno a la desarticulación de las redes de narcotráfico y la posibilidad de negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional - ELN, se viene incrementando de manera acelerada, mostrando como el incumplimiento de lo pactado y el poco interés expresado por el gobierno actual no sólo se encaminan hacia un “hacer trizas el Acuerdo de Paz” por considerarlo opuesto a sus intereses, sino que lo hacen a costa de ciudadanos y ciudadanas que siguen viendo vulnerados sus DDHH y el más importante de ellos, el derecho a una vida digna.

 

Según datos del equipo investigativo del Congreso de la República:

 

Para lograr el cumplimiento de las metas del Acuerdo, se deberían estar ejecutando por lo menos $ 4,67 billones al año en los municipios más afectados por la guerra y la pobreza. Actualmente, sólo se está ejecutando al año el 1,52 % de lo que se necesita para cumplir con el Acuerdo de Paz. A este ritmo, tardaríamos más de 40 años en mejorar las condiciones de estos municipios con la implementación de los PDET. (Equipo Político El Tiempo, 2020)

 

Igualmente, el país se viene enfrentando a una oleada de violencia contra líderes, lideresas y firmantes del Acuerdo Final:

 

Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo Final hasta el 30 de abril de 2020 fueron asesinados 515 líderes sociales; para Indepaz, esta cifra asciende a 971 líderes, con corte al 15 de julio de 2020. Con los datos de la Defensoría, el 55,7 % de estos homicidios se concentra en cinco departamentos: Cauca (23,3 %), Antioquia (13,7 %), Norte de Santander (6,6 %), Valle del Cauca (6,4 %) y Putumayo (5,6 %). Al comparar los últimos 4 años corridos hasta el mes de abril, 2020 es el año más violento para los líderes sociales en el país. (Equipo Político El Tiempo, 2020)


Como segundo aspecto, está el mantenimiento del discurso de la guerra, bajo la noción del enemigo interno, como estrategia para el control y la tramitación de conflictos, lo que se refleja especialmente por el interés de parte de nuestra sociedad, expresada, entre otros, en el principal partido político de oposición a la implementación del Acuerdo Final de Paz y actual partido de gobierno nacional. Quienes ven en dicha implementación una amenaza al status quo bajo el cual se mantiene la relación de fuerzas en la sociedad colombiana, a pesar del consenso general de que es precisamente esta relación desigual de fuerzas, y el desconocimiento del otro y de lo otro, lo que mantienen a nuestro país la deshonrosa lista de los más desiguales del mundo, superado sólo por Sudáfrica, Haití y Honduras (Revista Dinero, 2018). Esta amenaza se expresa, como lo hemos visto en las diversas intervenciones y cubrimiento de algunos medios de comunicación, en la desconfianza hacia la institucionalidad para la paz, especialmente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición - SIVJRGNR, y en la incorporación de excombatientes a la vida pública, especialmente aquellos que ahora, como resultado de la negociación, hacen parte del Congreso de la República. Este aspecto político/cultural es actualmente la principal contradicción en un país que busca un tránsito hacia la paz.

 

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Actualmente, el SIVJRGNR tiene la responsabilidad de cumplir con el mandato de aplicar justicia transicional, aportar al esclarecimiento de la verdad y lograr la mayor identificación y búsqueda de personas dadas por desaparecidas posible, acciones todas de vital importancia para lograr los cambios sociales, estructurales, políticos y culturales que favorezcan la construcción de paz en Colombia. Sin embargo, las instancias encargadas de estos procesos viven bajo constante ataque, en donde se retoma la intención de mantener un enemigo común, que sirva como argumento para evitar los cambios sustanciales que pueden darse a partir de sus hallazgos y propuestas.


Desde que se estableció el SIVJRGNR se han producido acciones en su contra, espacialmente a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad – CEV, que han sumergido al país en una verdadera disputa por la memoria y la verdad, como el decreto presidencial 502 de 2017 que daba asiento al Ministerio de Defensa en el Consejo Directivo en el CNMH, bajo la idea de que:


Se hace necesario incluir al ministro de Defensa en la composición de dicho Consejo Directivo, pues la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas del conflicto armado implica que las instituciones que participaron en él contribuyan al esclarecimiento de sus causas y a comprender las dinámicas institucionales y las relaciones políticas y sociales que lo desencadenaron y degradaron, y aporten a la reconstrucción de la verdad histórica y a evitar la repetición de los hechos. (Presiencia de la República , 2017)


La elección de Darío Acevedo como director del CNMH bajo el cual se ha perdido el centro de las víctimas en este espacio, y se ha promovido la mirada negacioncita del conflicto armado; el recorte en el presupuesto inicial de la CEV, y el constante ataque a los magistrados y magistradas (de nuevo en el marco del enemigo interno) presionando desde diferentes espacios y con diferentes estrategias en busca de un condicionamiento al surgimiento de una verdad contrahegemónica, explicativa del contexto y del alcance del conflicto armado; sobre todo que aporte al reconocimiento de nuestra sociedad, como un paso de avanzada en la tramitación de las transformaciones culturales, sociales y políticas necesarias para poder consolidar la anhelada paz, que es mucho más que el silenciamiento de los fusiles.


Es por esto que, desde la Corporación Conciudadanía, apoyamos y aportamos a la necesaria construcción de la verdad en nuestro país e invitamos a que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad del cambio cultural necesario para la construcción de la paz, comenzando por el rechazo a la idea impuesta de un enemigo entre nosotros y nosotras, a la noción de bandos que se expresa desde nuestras relaciones sociales cotidianas, hasta en las tensiones políticas locales y nacionales.


El otro, la otra y lo otro, en ninguna medida es un enemigo, a lo sumo se presenta como un contrario en tanto sus ideas y apuestas, que son igualmente legítimas como las nuestras. La paz debe ser el sentido que nos mueva al cambio….la paz nos mueve.

 

Bibliografía

  • Ahumada, M. A. (2007). El Enemigo Interno en Colombia . Quito - Ecuador: Ediciones Abya - Yala.
    Equipo Político El Tiempo. (18 de Agosto de 2020). El desplazamiento aumentó un 96,8 % este año, según informe. El Tiempo , págs. https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/informe-sobre-desplazamiento-e-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-2020-530232.
    Lopéz de la Roche, F. (1994). Izquierdas y cultura política ¿Oposición alternativa? Bogotá: CINEP.
    Presiencia de la República . (2017). Decreto presidencial 502 de 2017. Bogotá D.D.
    Revista Dinero. (2018). Los 10 paises már ricos del mundo.... y los 10 más desiguales. Dinero.
    Velázquez, F. (2011). La institucionalización de la participación en Colombia: notas para su intepretación . Política y Sociedade, 155 - 186.

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