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Lunes, 23 Noviembre 2020 16:17

Otra tranca

Nelson Enrique Restrepo Ramírez, coordinador de la Línea de Ciudadanía Ambiental Conciudadanía

 

A la participación ciudadana en la gestión ambiental la están atacando en serio, la están limitando tanto que están a punto de reducirla a nada. Dos oportunidades claves en este momento están siendo usadas para limitarla: la firma o no del Acuerdo de Escazú y el proyecto de Ley de Concurrencia y Participación Ciudadana, ambas están siendo aprovechadas para cerrarle la puerta a la ciudadanía en lugar de abrir su participación.


Acuerdo de Escazú

 

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Aunque el Gobierno de Colombia impulsó el Acuerdo de Escazú en sus inicios en entre los países de la región y el actual presidente, Iván Duque, dice apoyarlo; en el Congreso de la República es precisamente el partido de gobierno, el Centro Democrático y líderes del Partido Conservador, quienes han frenado el proyecto de ley radicado con carácter de urgencia para renovar la vinculación al acuerdo y han logrado aplazar su discusión.


El Acuerdo trata de algunas normas que Colombia tiene, aunque con poco desarrollo, como el acceso a la información sobre los temas ambientales en lenguaje no técnico y comprensible a las comunidades directamente afectadas; trata sobre asuntos que hoy son débiles en materia de participación pública como “la participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales” a través de ejercicios de consulta, audiencia pública, presentación de observaciones.

 

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Hay avances, pero falta mucho en el acceso a la información en lenguaje no técnico. Cuando las personas de San Luís Antioquia, fueron llamadas a una audiencia pública sobre el proyecto hidroeléctrico Porvenir en el río Samaná norte, la ANLA dispuso en la Personería municipal un expediente de más de tres mil páginas para la población del municipio, en especial para la población campesina, la más interesada. Esperamos que la ANLA no haga lo mismo en Jericó Antioquia en la preparación a la posible audiencia pública.


En Conciudadanía llevamos meses pidiéndole al Consorcio Antioquia al Mar Túnel del Toyo que nos informe sobre los avances de los proyectos del Plan de Manejo Ambiental asociados a su licencia ambiental, los avances en la ejecución de sus presupuestos, y no hemos tenido respuesta a las peticiones; ya nos habían dicho personas del territorio de influencia directa de la obra que el Túnel del Toyo no responde a derechos de petición, cosa que no debería suceder aún sin Escazú, pues se está violando disposiciones legales de acceso a la información y tramite a mecanismos de exigibilidad de la ciudadanía para ello.

 

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Actualmente sabemos muy poco sobre los usos que los municipios dan a los recursos de las transferencias del sector eléctrico (en 2019 los municipios del oriente antioqueño recibieron más de 35 mil millones de pesos en especial en la zona embalses); aunque estas transferencias están deben ser invertidas en agua, saneamiento, gestión ambiental, son muy diversas sus destinaciones, y resulta muy complejo para la ciudadanía su seguimiento. Para el caso de San Carlos Antioquia, no es posible encontrar en la página web del municipio el presupuesto aprobado para el 2020, y para el caso que interesa, las transferencias del sector eléctrico provenientes especialmente de EPM e Isagen.


Sabemos poco sobre el uso de las regalías proveniente de la explotación del oro y deberíamos saber mucho de eso en Antioquia donde se explota más del 50% de lo que produce y exporta Colombia. Conocer mejor el uso que se le da a los impuestos del oro que se paga directamente a los municipios (En El Bagre Antioquia en 2020 está previsto en el presupuesto más de nueve mil millones de pesos por Impuesto nacional a la explotación del Oro, Plata y Platino, rubro de libre inversión2). La información sobre las transferencias, regalías e impuestos provenientes de actividades extractivas, con sus considerables impactos ambientales, debería estar disponible y actualizada para que los servidores públicos, la ciudadanía, la academia, las veedurías, los políticos, las empresas, etc. la usen para los fines que consideren pertinentes.


En materia de justicia el Acuerdo de Escazú obliga a garantizar el acceso a la ciudadanía a instancias administrativas y judiciales para impugnar una decisión, medidas para que las comunidades locales no tengan la carga de la prueba (tener que contratar estudios técnicos para demostrar un posible daño o impacto ambiental), mecanismos para exigir cumplimiento de decisiones judiciales y de restitución de daños, obligación de dar asistencia técnica y jurídica a comunidades vulnerables, de promover mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, entre otros. El acuerdo tiene además algo que Colombia necesita con urgencia por ser el país del mundo donde más asesinan líderes sociales y es la “protección de los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales”.

 

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Las comunidades locales no tienen los recursos técnicos, económicos, jurídicos para asumir la carga de la prueba frente a posibles daños, y contrario a lo que cree María Fernanda Cabal, las ONG tampoco tenemos con qué. Es necesario que los locales tengan apoyo técnico y jurídico para estos procesos y que tanto las instituciones públicas responsables como las empresas interesadas en el proyecto, asuman los costos de estudios técnicos sobre posibles impactos y afectaciones. Quizá podamos avanzar en una alternativa a la solución de controversias que ya está sobre la mesa, y que plantea que los estudios de impacto ambiental no los realicen las empresas interesadas y a medida de sus negocios, sino agentes externos expertos que actúen como árbitros ante controversias.
Así pues, el Congreso de Colombia quiere negarles a los colombianos las oportunidades de participación, acceso a la justicia ambiental, protección individual de líderes sociales, protección colectiva a comunidades vulnerables que trae Escazú, y como si fuera poca esta negación, pretende cerrar la puerta con tranca con el proyecto de Ley de Concurrencia.


Proyecto de Ley de Concurrencia y Participación Ciudadana


La Ley de Concurrencia, debe atender dos tareas: la que le puso la Corte Constitucional al Congreso consistente en una ley que resuelva el conflicto de competencias que tiene el Estado para explotar un recurso natural no renovable en el subsuelo y las competencias de los municipios de ordenar el suelo; la otra tarea consiste en atender el déficit de participación ciudadana en la gestión de las industrias extractivas derivado de la suspensión de las consultas populares (gran minería de metales, hidrocarburos, fracking, hidroenergía).


El proyecto de Ley de Concurrencia y Participación Ciudadana 418/2020 Cámara3 asume que la articulación y la concurrencia sólo ocurre entre entidades administrativas del Estado en cabeza de las entidades nacionales responsables de los minerales (Agencia Nacional de Minería ANM) e hidrocarburos (Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH), Autoridad Nacional de Licencia Ambientales ANLA, entre otros actores nacionales, de la cual participan gobernadores y alcaldes. En la concurrencia no intervienen los Concejos Municipales, ni las comunidades impactadas por los proyectos. La concurrencia, dicen los promotores de la ley, “es entre el ejecutivo, es administrativa y meramente técnica”. Los que creemos que este es un asunto de la política y por tanto de la ciudadanía, de la acción comunitaria incluso, no tenemos lugar en este proyecto de ley.


El proyecto de ley dice que los alcaldes pueden participar de una Comisión de Concurrencia, pero no pueden ejercer poder de veto a un proyecto minero o de hidrocarburos, ni oponer el Esquema o Plan de Ordenamiento a un proyecto de interés nacional. Si el alcalde o gobernador no asiste a la comisión de concurrencia, su inasistencia será consignada en acta y se continuará el proceso. Los alcaldes y gobernadores deben llevar a las comisiones de concurrencia las prioridades de sus planes de desarrollo y sus EOT o POT. Si el alcalde lleva a la comisión de concurrencia una controversia (por ejemplo, sobre un área protegida por el municipio con posible afectación por parte de un proyecto), la controversia la resuelven las entidades nacionales, y la decisión será vinculante para el alcalde y el territorio municipal.


Las demandas de la ciudadanía, de las comunidades locales, deberán ser llevadas a audiencias públicas regionales donde, como ahora, sólo podrán ser expuestas y serán escuchadas por las entidades nacionales quienes conservan la potestad o no de tenerlas en cuenta. La audiencia pública es un trámite administrativo de recepción de peticiones, quejas, reclamos con la obligación de consignarlas en un acta. Se trata de la comprensión de la participación ciudadana que tiene hoy la ANLA en su recién creada subdirección de participación ciudadana que sólo contempla recursos administrativos para la petición de información, la socialización y las vías jurídicas cuando así lo quiera un demandante, pero excluye la posibilidad de usar otros mecanismos de participación.


Son muchas las decisiones recientes le están poniendo nuevas trancas a la participación a la ciudadanía en materia ambiental: dejar sin efecto las consultas populares locales para que las comunidades puedan rechazar o no, proyectos extractivos; impedir que un alcalde oponga las normas municipales descritas en su ordenamiento territorial a proyectos de interés nacional; la negación del Acuerdo de Escazú; el proyecto de ley de Concurrencia y Participación Ciudadana, sumando la ley que ya reformó el Sistema de Regalías el cual eliminó a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD municipales y departamentales; con todo esto la participación de las entidades territoriales locales (alcaldías y concejos) y la participación ciudadana están siendo duramente restringidas, se arrebata a lo local una conquista de la descentralización política para volver a centralizar las decisiones claves en el Gobierno Nacional. Si todas estas contrarreformas salen adelante como están propuestas, debilitarán gravemente las competencias de los concejos municipales en materia de ordenamiento territorial. Si Escazú no pasa y en cambio si pasan estas leyes, se cerrará más la democracia participativa; si además se mantiene la matanza selectiva de los líderes y lideresas ambientales que se oponen a proyectos extractivos, entonces no habrá siquiera una ciudadanía con la cual discutir.

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