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Miércoles, 25 Noviembre 2020 13:24

25N: La responsabilidad del Estado Colombiano en la violencia contra las mujeres

Gloria Amparo Alzate Castaño, Directora (e) Conciudadanía. 

 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que surge precisamente como acto de recordación de los hechos de violencia de los que fueron víctimas las hermanas Mirabal en República Dominicana: secuestro, tortura y su asesinato un 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo; vale la pena reflexionar sobre las formas como las instituciones del Estado son responsables, por acción u omisión, de la violencia que se ejerce contra las mujeres.


En principio, la violencia tiene que ver con el ejercicio del poder abusivo o el uso de la fuerza contra una persona. Y sin importar el origen de ese poder: edad, estatus, sexo conocimiento, dinero, armas, existe siempre que se justifique su sentimiento de superioridad para restringir o eliminar los derechos fundamentales a otros/as. Acorde con las teorías del sociólogo Johan Galthung , en la sociedad pueden identificarse violencias de tres tipos: la directa o física, la estructural y la cultural.

 

Los hechos violentos NO son casos aislados


La violencia directa hace referencia a la violencia manifiesta, evidente, al maltrato (físico, psicológico, verbal, emocional /afectivo, sexual). Así, casos como el abuso o violación por parte de agentes del Ejército a niñas indígenas, corresponden a actos de violencia física/sexual estatal, sobre los cuales hay quienes opinan que corresponden a casos aislados o que no son fruto del ser de esta Institución. Sin embargo, el mismo “general Eduardo Zapateiro confirmó públicamente que desde 2016 se encontró que, presuntamente, 118 integrantes del Ejército de Colombia están relacionados con casos de abuso sexual contra menores...”.


A esto se suma que la Fiscalía, después de hacer una revisión nacional desde el año 1987, confirmó que a la fecha hay 544 uniformados involucrados por casos de delitos sexuales en 506 hechos. De acuerdo con datos del informe “Fuerza pública y abusos sexuales: no son hechos aislados” (2020), de la Fundación Paz y Reconciliación, del total de casos y desde el 2003, se han proferido tan solo 162 condenas (29% del total), que incluyen penas entre los 15 a los 30 años de cárcel . Sin duda, estas cifras son muy significativas e indicativas de una realidad social y deben llamar tanto al Ejército como a los entes de control, a la preocupación y a la acción, más aún cuando en Colombia existe un alto subregistro y, por lo tanto, son muy bajas las demandas formales por parte de la ciudadanía. Y si el victimario actuó durante el ejercicio de sus funciones, uniformado y además en el lugar de trabajo (batallón - estación - CAI...), la institución, en consecuencia, es responsable y tiene el deber de actuar de manera inmediata en protección de las personas, a las que en principio debía proteger precisamente de estas violencias.


En Colombia se ha evidenciado que cuando las víctimas tienen el valor para denunciar, se minimizan los hechos, se les revictimiza, son amenazadas y, en aquellos casos en los que se logra un proceso, la misma institucionalidad tiene distintos mecanismos de impunidad para evitar que se puede aplicar justicia. Por ejemplo, se ponen trabas a las investigaciones, buscan por todos los medios que sea la justicia militar la que los juzgue, en muchos casos las sanciones no son proporcionales, pues trasladan al victimario a otro batallón o a otra ciudad. Esto, en el mejor de los casos, cuando los medios y la ciudadanía presionan para que se actúe, porque en la mayoría de veces ni siquiera se llega a la denuncia, pues quien se atreve a denunciar termina siendo investigado.


Vale ejemplificar que cuando en el Periódico El Espectador (2020) se expuso el caso del sargento Juan Carlos Díaz, “quien denunció en el interior del Ejército a sus subalternos de haber violado a la niña emberá, fue retirado de la institución castrense... El Ejército, sin embargo, sostiene que el suboficial, como comandante del pelotón que violó a la niña indígena, tenía el deber de evitar que un crimen así sucediera y que fue por eso que lo sacó” .


En otras palabras, lo que está en juego en este tipo de violencia y que agudiza el sentimiento de desconsuelo, impotencia y revictimización, son las dificultades para el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres víctimas o madres de las niñas víctimas de zonas donde la presencia del Estado es mínima, donde se impone el miedo y la desprotección y donde se desconocen los procedimientos o no existen los protocolos para atender la violencia sexual o de género.

 

Las mujeres: las más pobres entre los pobres

 

Por otra parte, acorde con Galthung, se encuentra además la violencia estructural, que es propia de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan los estados, donde no se logra (o interesa) la satisfacción de las necesidades básicas de la población, generando más miseria e incrementando la desigualdad y la injusticia social. Este es un tipo de violencia que precisamente se da en países como Colombia, donde el acceso a los recursos o beneficios del desarrollo son solo para un pequeño porcentaje de la población más rica, en perjuicio de los demás.
Al respecto, la ONU (2018) indició que Colombia es el tercer país más desigual del mundo y, en palabras de la Revista Semana, para el 2020 Colombia se ubica como el primer país más desigual de América Latina . Una desigualdad que si la miramos, además, con la lupa del género, permite observar claramente que las más pobres entre los pobres, son las mujeres; situación que se ha agudizado en época de pandemia, cuando han sido principalmente afectadas en sus ingresos y economía familiar. De hecho, la Revista Semana (2020) concluye que seis de cada 10 empleos que se perdieron durante la Covid -19, pertenecían a mujeres.


Sin duda, en el Estado colombiano, los derechos de las mujeres han sido batallas ganadas mediante la lucha NoViolenta del movimiento de feminista del país durante muchos años, sin lograr aún el acceso y el control de los beneficios del desarrollo y la participación en los espacios de decisión en igualdad de condiciones. Las estadísticas que presenta el Dane (2019) son claras al mostrar una menor participación de las mujeres en puestos responsabilidad o la brecha salarial calculada, con un 12% menos para las mujeres, por hacer la misma labor que los hombres . Somos una sociedad con una democracia formal y una Constitución que dice que todos somos iguales, pero en la práctica y en la vida cotidiana no es así, tenemos diferentes status y pareciera que no todos/as tenemos la misma dignidad.


Estos aspectos no son más que los síntomas de una violencia estructural que mantiene y profundiza la desigualdad en las relaciones género, al tiempo que producen opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y marginación.

 

La discriminación también es violencia

 

El tercer y último tipo de violencia presentado por Johan Galthung, es la Cultural, que corresponde a las actitudes o los elementos del mundo de lo simbólico que se utilizan para legitimar la violencia estructural o directa, como lo son el racismo, el sexismo, el clasismo o el eurocentrismo. Esta violencia se expresa a través de actos de discriminación, dominación, segregación y formas de violencia sutiles, manifiestas en las relaciones que se dan entre algunos funcionarios/as y la ciudadanía, específicamente con las mujeres. El caso más reciente en Colombia que ejemplifica esta tipología, ocurrió cuando la periodista Adriana Villegas denunció las frases que los militares cantan en sus entrenamientos cotidianos que invitan a maltratar a las mujeres y por lo cual está siendo actualmente amedrentada. Otro ejemplo, son los programas estatales para superar fenómenos sociales como la maternidad en adolescentes, los cuales están orientados a las jóvenes, desconociendo el rol y la responsabilidad de los hombres ello.


En esta categoría se ubica también la violencia que reciben aquellas mujeres que se atreven a denunciar (lo cual es de por sí complejo) cuando se encuentran con un funcionario/a tras un escritorio, que no las escucha o que las escucha desde sus prejuicios, que las cuestiona, las culpabiliza. Funcionarios/as sin una mirada de género a la hora de atender a una víctima o que desconocen las leyes que favorecen/protegen a las mujeres; un desconocimiento que no los exime de responsabilidades en la revictimización, que desestimula la denuncia y hace que la ley sea letra muerta.


Así pues, a la pregunta ¿cuántas mujeres, luego de denunciar en varias oportunidades a sus parejas son víctimas de feminicidio? podría afirmarse que todos los feminicidios están precedidos de reiteradas denuncias que no son atendidas. La antropóloga, política e investigadora Marcela Lagarde, dice que “se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado” . Es por este contexto que la impunidad se constituye en uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia en Colombia, pues supera el 80% de los casos, por acción o por omisión, por negligencia o inoperancia . Todo esto ocurre a pesar de que la Ley 1257 de 2008 señaló en su artículo segundo que se entiende por violencia contra la mujer “Cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado” . Una ley donde se reconoce al Estado como el responsable de las condiciones de seguridad de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y establece mecanismos para tal fin.


En medio de este panorama de violencias contra las mujeres en Colombia y el mundo, urge que el movimiento social, del cual hacen parte muchas organizaciones de mujeres, se apropie de la Ley y reclamen su cumplimiento desde el nivel nacional hasta los gobiernos locales, cada uno con sus respectivas competencias. Se requiere una institucionalidad pública que actúe en consecuencia y que la ciudadanía en general y las mujeres en particular, recuperemos la confianza en el estado, al encontrar personal sensible, consciente y acogedor que nos escuche y tramiten nuestras demandas. Es necesario contar con entidades especializadas en la investigación de las violencias de género e implementar las políticas públicas necesarias para la efectiva seguridad y protección de las mujeres. Todo esto pasa, necesariamente, por fortalecer nuestros propios procesos organizativos y nuestras capacidades para la acción colectiva desde las mujeres.

 

Foto de portada - www.freepik.es

 

Bibliografía 

 

  • Galtung, Johan. La violencia: cultural, estructural y directa. En: file:///Users/gloriaalzatecastano/Downloads/Dialnet-LaViolencia-5832797.pdf
    Laura Cano. Fuerza pública y abusos sexuales: no son hechos aislados. Fundación Paz y Reconciliación. Julio 8 de 2020. En: https://pares.com.co/2020/07/08/fuerza-publica-y-abusos-sexuales-no-son-hechos-aislados/
  • El mapa de las denuncias contra la Fuerza Pública por violencia sexual. El Espectador, jul 7 de 2020. En: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-mapa-de-las-denuncias-contra-la-fuerza-publica-por-violencia-sexual/
    Colombia es el tercer país más desigual del mundo, según la ONU. Pulso, 1 de febrero del 2018. En: https://www.pulzo.com/economia/colombia-entre-paises-desiguales-mundo-PP432012
  • Colombia es el país mas desigual, según el índice de desarrollo regional para América Latina. Semana, Nov. 1 de 2020. En: https://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-es-el-pais-mas-desigual-segun-el-indice-de-desarrollo-regional-para-america-latina/202056/
    Desempleo en Colombia. 6 de cada 10 empleos que se perdieron en la pandemia eran de mujeres. Semana, octubre 30 de 2020. En: https://www.semana.com/economia/articulo/desempleo-en-colombia-6-de-cada-10-empleos-que-se-perdieron-en-la-pandemia-eran-de-mujeres/202047/
    En cuanto a este punto, según el Inei una mujer recibe 88 pesos por cada 100 que recibe un hombre, lo que evidencia una brecha salarial de 12% en todos los niveles de ingresos en los que hombres y mujeres tienen características personales y laborales similares (Dane, 2019).
  • La violencia de género y la responsabilidad estatal diferenciando entre femicidio y feminicidio. https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/1879/Zabalaandrea2016.pdf?sequence=1
    Violencia Sexual e intrafamiliar, las condenas no superan el 30%. Semana, dic. 2019. En: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/impunidad-en-casos-de-violencia-sexual-e-intrafamiliar-segun-balance-de-la-fiscalia-442056
  • Colombia es el quinto país de América Latina en impunidad, la cual oscila entre el 84 y el 95%. https://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-cifras-del-indice-global-de-impunidad-2019/636246/
    La violencia de género y la responsabilidad estatal diferenciando entre femicidio y feminicidio. En: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/1879/Zabalaandrea2016.pdf?sequence=1

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