Participar para transitar hacia el cambio

La Constitución del 91 desarrolló el concepto de “soberanía popular”[1] y le dio un lugar relevante a la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas que les afecta como habitantes de un territorio. Así, a la democracia representativa, se le sumó la democracia participativa, con un menú muy importante de espacios y mecanismos de participación dispuestos al servicio de la ciudadanía para incidir en la gestión pública. Sin embargo, hasta ahora el balance que se hace de la efectividad de la participación no es muy favorable, pues funciona como reza el dicho: “yo participo, tu participas, el participa y ellos deciden”.

Hoy Colombia cuenta con un gobierno que se asume “del pueblo”, que tiene la intención de dar cumplimiento al mandato constitucional de la soberanía del pueblo, dando protagonismo y voz a las ciudadanías, escucharlas y generar espacios de diálogo, desde las regiones, para conocer las aspiraciones de sus habitantes y saber lo que para ellos y ellas significa mejores condiciones de vida a través de una participación activa y vinculante; en este escenario, si el gobierno nacional se lo propone, se puede avanzar de manera significativa o por lo menos dejar sentadas las bases del cambio. Pero también es cierto que no es suficiente con que la Constitución lo diga, o el gobierno se lo proponga, se quiere un rol determinante de los gobiernos locales y una ciudadanía activa y corresponsable del cambio.

Aunque son muchas las expectativas de la población frente al Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, y sobre su Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, que representa básicamente un pacto social por la inclusión y la equidad, éste será posible en tanto las sociedades locales (instituciones públicas y privadas, partidos políticos, gremios económicos y sociedad civil) se alineen con estas apuestas políticas y propuestas de cambio. Cada una de ellas es de gran importancia para avanzar en la justicia social, la garantía de los derechos y mejores condiciones de vida para todos y todas, pues nuestro reto como sociedad es superar la desigualdad social e histórica que ha caracterizado al país y que nos ha mantenido en los primeros lugares de América Latina por años[2]. 

Las transformaciones esenciales que propone el gobierno tienen que ver con: El “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental (inversión de $106 billones); la Seguridad Humana y Justicia Social ($329,2 billones); el Derecho Humano a la alimentación ($26,6 billones); Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática ($70,9 billones); Convergencia Regional ($4,59 billones)”[3].

En este sentido, el gobierno viene avanzando en la dirección del cambio; ya ha sido aprobado el Marco Jurídico para la Paz Total como una Política de Estado[4] que implica, la implementación del Acuerdo Final para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; la implementación de las recomendaciones del Informe “Hay Futuro si hay Verdad”; la negociación con el ELN y acogimiento a la justicia por parte de las disidencias de las FARC, y otras expresiones de grupos armados; y el cambio en el enfoque de seguridad policiva hacia una seguridad humana.  El Congreso aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad[5], se dan pasos importantes hacia la justicia ambiental con la aprobación del Acuerdo de Escazú, la prohibición del fracking y la reforma al código minero.

También es muy alentador la negociación del gobierno con Fedegan para la compra de tierras y la entrega de éstas a campesinos/as, así como la entrega de propiedades confiscadas a narcos y paramilitares. Estas acciones avizoran intenciones serias de avanzar en la reforma agraria en cabeza del Ministerio de Agricultura, corazón del Acuerdo de Paz, así como el restablecimiento de las relaciones comerciales y la reapertura de la frontera con Venezuela, por mencionar algunos hechos.

El 2023 será un año con mucho agite político, tanto en el nivel nacional como local. En el contexto nacional avanza la agenda legislativa, muy importante para el país, y los cambios que se propone el gobierno:  la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la ley del artista, la reforma al código electoral, la reforma a la policía, entre otras. En el contexto local, en municipios y departamentos inicia la campaña electoral para cargos de elección popular como alcaldes, gobernadores, concejos y asamblea departamental, ediles.

Un contexto político que, en ambos niveles, demanda a la ciudadanía fortalecer sus formas organizativas diversas y plurales y las instancias ciudadanas; incrementar sus capacidades de debate, deliberación e incidencia; hacer seguimiento a los momentos, estrategias y escenarios de participación para hacer escuchar su voz con propuestas, pues son las comunidades quienes más conocen los territorios, sus necesidades, actores, intereses y conflictos y alternativas de solución. La ciudadanía está cansada de que sea desde el nivel central que se tomen las decisiones a espaldas suyas y el cambio necesita de una participación real y vinculante en las decisiones que afectan a la población.

Es innegable que las decisiones políticas nacionales, como los lineamientos del Plan de Nacional de Desarrollo, tendrán efectos y propiciarán cambios en los contextos locales, por lo cual deben ser tenidas en cuenta a la hora de formular los Acuerdos Programáticos (que propone Conciudadanía) sobre lo fundamental, en materia de desarrollo local, para la incidencia en las elecciones del 2023 y luego para el Plan de Desarrollo Municipal en el 2024, a partir de espacios de diálogo democrático, diversos, incluyentes y participativos. Así mismo, los principios de coordinación, concurrencia y participación, sumados al de armonización son un llamado a las autoridades locales a vincularse decididamente a estas propuestas y a los próximos candidatos y candidatas a cargos de elección popular para que sus planes de gobierno estén alineados con estas iniciativas.

Por lo tanto, tenemos la tarea de conocer muy bien el Plan Nacional de Desarrollo, las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y los proyectos de ley que están en curso para saber, qué le compete a los actores sociales, políticos e institucionales en los contextos locales,  conocer  los espacios de participación que contemplan y definir la manera en que vamos a participar desde nuestros territorios, no solo en perspectiva de cooperación, sino también de seguimiento y control social, como un asunto de corresponsabilidad y construcción desde lo local.

Es de gran importancia recordar que el centro articulador de todas las propuestas del PND, es la PAZ…  LA PAZ TOTAL. La oportunidad que tenemos hoy los colombianos y colombianas de tener un país en paz es una aspiración inaplazable; en este sentido y en relación con la participación, retomo las palabras del presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión: 

“La paz es posible si desatamos en todas las regiones de Colombia el diálogo social, para encontrarnos en medio de las diferencias, para expresarnos y ser escuchados, para buscar a través de la razón, los caminos comunes de la convivencia. Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar… convocamos a todas las personas desarmadas, para encontrar los caminos del territorio que permitan la convivencia. No importa los conflictos, se trata precisamente de evidenciarlos a través de la palabra, de intentar sus soluciones a través de la razón. Es más democracia, más participación lo que propongo para terminar con la violencia”.

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[1] Artículo 3º de la Constitución Política de Colombia: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público...”

[2] “En 2019, previo a la pandemia, el nivel de desigualdad de Colombia medido por el coeficiente de Gini (0,53), fue el más alto de los países de la OCDE, y además, se ubica también como el segundo más alto en la región, solo superado por Brasil. Pero si bien esta situación ya se presentaba de forma estructural en el país antes de la llegada de la crisis del covid-19, el impacto ha aumentado aún más la desigualdad, empujando el coeficiente de Gini hasta 0,54 en 2020 y arrastrando a alrededor de 3,6 millones de personas más a la pobreza. … De acuerdo con el documento del Banco Mundial, “Colombia tiene una de las tasas de persistencia de desigualdad más altas entre una generación y la siguiente”.  Portafolio. Colombia, el segundo país más desigual de América Latina. Informe del Banco Mundial. Octubre 27 de 2021. En. https://www.portafolio.co/economia/gobierno/colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-segun-el-banco-mundial-557830

[3] ibidem

[4] Paz Total – A través de la Ley 2272 del 4 de noviembre del 2022 quedó sancionada la prórroga a la Ley de Orden Público (Ley 418/97)

[5] Proyecto de Ley 2281 de 2023