Vendedores de ilusiones, constructores de mentiras 

Por Consuelo Montoya Giraldo

Administradora pública, Mg Ciencia Política

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha convocado a la realización de una consulta popular en ocho municipios del Valle de San Nicolás, en el Oriente antioqueño, a solicitud del Gobernador de Antioquia y de ocho alcaldes, con el fin de que la ciudadanía se pronuncie frente a la conformación de un área metropolitana. 

El debate en torno a este tema lleva varias décadas en la región y, quienes estamos en contra de este esquema asociativo, cada vez encontramos más razones para votar por un NO rotundo. 

Los impulsores de la apuesta del área metropolitana son vendedores de ilusiones y expertos fabricadores de mentiras. La primera de ellas es hacer creer que estamos ante una decisión democrática, lo cual se desvirtúa, de un lado, por la forma en que se dio el proceso de solicitud, a puerta cerrada entre los mandatarios, sin consultar a los Concejos municipales. Y, de otro lado, por las reiteradas irregularidades: evadir trámites legales como la consulta en el Senado, que fue omitida y posteriormente corregida de manera irregular por la Registraduría, así como la violación de normas de la Ley 5ª en el reglamento del Congreso.  

Otro asunto tiene que ver con la modificación del porcentaje de votación requerido para la consulta popular: pasó del 16 % inicialmente contemplado al 5 % del censo electoral de cada municipio, según la Ley 1993 de 2019. Esta cifra resulta más laxa incluso que la de la Ley de Participación Ciudadana, que exige un mínimo del 10 % en las consultas de iniciativa ciudadana. En otras palabras, a la ciudadanía se le exige el doble, mientras que a la iniciativa gubernamental se le premia con la mitad. Así, se manipula la democracia representada en el voto, estableciendo para las áreas metropolitanas el umbral más bajo de todas las consultas populares de carácter territorial. 

La segunda ilusión es que el área incentiva la autonomía territorial, cuando en realidad reduce potestades municipales. Un ejemplo es el tema del transporte público, pues el área se convierte en autoridad en la materia. Lo mismo ocurre con los tributos: sobretasas del avalúo catastral, declaración de valorización, tasas y multas por el uso de recursos naturales quedan a expensas de este organismo. 

La tercera es que el modelo de ciudad equivale a progreso y desarrollo. Hoy es evidente que, por el contrario, se trata de un modelo excluyente, que concentra la riqueza en unos pocos y que empobrece a las mayorías, ubicándolas en cordones de miseria, vulnerabilidad y riesgo. Medellín, la ciudad más cercana al Oriente antioqueño, es un claro ejemplo de desequilibrio territorial (al sur los ricos y al norte los pobres), de contaminación y de riesgos. El río Medellín, convertido en cloaca principal, sufre frecuentes desbordamientos en época de invierno, al recibir las aguas contaminadas de quebradas afectadas por el crecimiento urbanístico y el irrespeto a sus franjas de protección. A ello se suman los deslizamientos permanentes con graves pérdidas humanas, la contaminación del aire y el caos en la movilidad. Problemas que, además, se han extendido y multiplicado en los municipios vecinos del Área Metropolitana. 

La cuarta ilusión es que el área promueve la asociatividad, sin embargo, no es sobre lazos de solidaridad que se construye, sino a partir de un municipio núcleo con mayor jerarquía sobre los demás. Jerarquía que se expresa en las concesiones que se le otorgan al alcalde de este municipio, con prerrogativas sobre las decisiones más estratégicas de este organismo: presupuesto, plan de desarrollo y elección del director ejecutivo. 

La quinta es la supuesta igualdad en las decisiones. La ley le otorga poder de veto al alcalde del municipio núcleo, fórmula desequilibrante a la hora de las más importantes decisiones. Esta situación viene establecida desde la Constitución de 1886, cuando Colombia atravesó un periodo de concentración del poder extremo en el ejecutivo y que es fiel copia de las formas más dictatoriales de gobierno.  

La sexta es que es participativa, pero al revisar la configuración de su estructura institucional, la ciudadanía, organizaciones sociales, civiles, académicas y privadas no hacen parte de ningún espacio en el cual puedan plantear sus opiniones, ni mucho menos ser tenidas en cuenta en las decisiones. 

La séptima, que profundiza la descentralización, sin embargo, su estructura es altamente concentradora en el modelo territorial, el de funcionamiento y el de las decisiones políticas. Obedece a una vieja forma de gobierno del Estado que corresponde a dos siglos atrás en Colombia, es decir, es una estructura atrasada, que contribuye a retroceder en muchos de los logros que en materia de descentralización ha tenido el país. 

La octava es que hay equidad territorial, pero el modelo que se implanta con el área metropolitana discrimina entre municipios de primera y municipios de segunda, otorgándole privilegios al municipio núcleo. Nuevamente el desequilibrio es la fórmula que impera en las áreas metropolitanas, dejándole a la periferia las cargas (relleno sanitario, producción de agua, alimentos, materiales energéticos), y al centro los beneficios (servicios, infraestructuras, equipamientos). 

La novena es que hay ahorro en las finanzas públicas, pero en realidad se incrementan los impuestos, en especial el del predial, las tasas ambientales y la valorización. Mayor inequidad si se suma a que las obras tienen un mandatario que define en dónde se concentran las inversiones y los demás hacen el mandado. 

La décima ilusión, y la mayor de las mentiras, hace referencia a la sostenibilidad ambiental, cuando las áreas metropolitanas que conocemos son la muestra fehaciente de la destrucción de la naturaleza, la contaminación de las aguas y del aire, el ruido exasperante, la casi extinción del oxígeno, el caos en la movilidad, el aumento de las zonas de riesgo y de la crisis climática. 

Detrás de la figura del Área Metropolitana están los intereses de quienes promueven el desarrollo inmobiliario, que hasta el momento ha mostrado al máximo su inconciencia ambiental o de respeto por la naturaleza. Surge entonces una pregunta clave: ¿qué papel le queda a la autoridad ambiental en este escenario? 

Los promotores del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás son, en realidad, vendedores de ilusiones, mercaderes de la tierra y explotadores de los bienes comunes. Por eso, la respuesta a la consulta es clara: NO al Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. NO al AMO.