Editorial 63. Hechos, propuestas e intereses frente al Área Metropolitana del Oriente 

Por Nelson Enrique Restrepo Ramírez

Director ejecutivo Corporación Conciudadanía 

Dedicamos esta edición del Pactemos a presentar información sobre la propuesta de conformar un área metropolitana con ocho municipios de la zona Altiplano o Valle de San Nicolás, la cual se someterá a consulta popular el próximo 9 de noviembre de 2025. Nos mueve la necesidad de promover el debate público informado, de contrastar puntos de vista diversos sobre un problema o visión, y de contribuir a un voto consciente que fortalezca elecciones libres y limpias.  

En este contexto, resulta necesario separar los hechos —en este caso, los territoriales—, las propuestas, los intereses y las opiniones. Los hechos deben ser tratados y estudiados con las herramientas disponibles; las propuestas, consideradas en términos de pertinencia, oportunidad y viabilidad; los intereses, declarados abiertamente, ya que la transparencia es requisito para construir cualquier acuerdo; y las opiniones sobre los hechos, propuestas e intereses, asumidas como claves para consolidar mayorías. 

Los hechos territoriales supramunicipales en el Valle de San Nicolás muestran claras tendencias de transformación y crecimiento. El suelo urbano en el Altiplano se cuadruplicó entre 1995 y 2024: pasó de 950 hectáreas a 4005. Si esta tendencia continúa, en 2040 el Altiplano podría duplicar la cifra y alcanzar 8000 hectáreas urbanizadas (DAP, 2025).

Esta expansión está explicada por el aumento del suelo dedicado a vivienda, industrias y servicios, vías, y equipamientos colectivos (parques, andenes, zonas comunes, ciclovías, etc.). No se incluyen aquí las viviendas de segunda residencia ni las fincas de ocio y recreación, que son también urbanas pero en veredas. 

A estos suelos urbanos y rurales de los nueve municipios que conforman el Valle de San Nicolás2 llegaron más de 100.000 personas entre 1995 y 2023, según el DANE. De ellas, el 30 % se asentó en Rionegro, que es el municipio con mayor crecimiento urbano. De cada 100 nuevos habitantes, 60 llegaron a los municipios más cercanos a Medellín y al aeropuerto José María Córdova: Guarne, que creció un 39 % entre 1995 y 2023; El Retiro, con un 29 %; Marinilla, con un 25 %; y Rionegro, con un 25 %.

Seguramente en estas cifras no está incluida la población migrante proveniente de Venezuela. En conjunto, estos suelos transformados y la nueva población configuran el hecho territorial más relevante que enfrenta el Valle de San Nicolás. 

Estas nuevas poblaciones, asentadas en nuevos suelos urbanos y rurales, consumidores de territorio, demandan cada vez más bienes y servicios: alimentos, plazas de mercado, mercados, servicios públicos domiciliarios (nuevos acueductos, alcantarillado, energía, gas, internet), sistemas de movilidad (rutas, terminales, transporte integrado) e incluso nuevos modos de transporte (trenes, tranvías, cables). También requieren más suelo urbanizable. A medida que crezca la presión demográfica, aumentará también la presión sobre los ecosistemas circundantes para obtener agua, alimentos, energía limpia, ocio y recreación. 

En este escenario se inscribe la propuesta de crear un área metropolitana con ocho de los nueve municipios del Valle de San Nicolás. Actualmente existen también otros esquemas: Masora, que integra a los nueve municipios; la Provincia de Aguas, Bosques y Turismo, liderada por Marinilla y que incluye a San Vicente; y la Provincia de La Paz, que integra a La Unión.

La propuesta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás es inusual: sería la primera vez que se plantea esta figura para un territorio sin suelos urbanos contiguos —excepto por las áreas de retiro a lado y lado de las vías nacionales—, es decir, sin conurbación. También sería la primera vez que se busca planear una ciudad naciente o la extensión de otra ya existente (Medellín). Igualmente, sería la primera vez que se propone conformar un área metropolitana sin que el municipio núcleo sea una capital departamental, como Rionegro, que asumiría decisiones políticas y administrativas vinculantes sobre los demás municipios. 

Según la ley de áreas metropolitanas, el área propuesta para el Valle de San Nicolás, deberá formular un Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, que defina una visión de futuro, objetivos y propósitos en torno a lo que se declare como hechos metropolitanos. Este Plan debe contener “la definición de lineamientos para la localización de la infraestructura de transporte, servicios públicos, equipamientos y espacios públicos de escala metropolitana; así como las áreas de reserva para la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y del paisaje, la determinación de áreas estratégicas susceptibles a ser declaradas como áreas protegidas, la definición de las directrices para su ejecución u operación cuando se definan como hechos metropolitanos” (Art. 13, literal b, Ley 1625 de 2013).  

De igual manera, deberá elaborar el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que incluya, entre otros: “a) Definición de la estrategia y el sistema para la Gestión Integral del Agua (captación, almacenamiento, distribución y tratamiento); b) Definición del Sistema Metropolitano de Vías y Transporte Público Urbano (colectivo, mixto, masivo, individual tipo taxi); c) Definición del Sistema de Equipamientos Metropolitanos (…); d) Dimensionamiento y definición de la estrategia para la vivienda social y prioritaria en el ámbito metropolitano (…); e) Ordenamiento del suelo rural y suburbano; f) Establecimiento de mecanismos que garanticen el reparto equitativo de cargas y beneficios, generados por el ordenamiento territorial y ambiental (…)” (Art. 22, Ley 1625 de 2013). 

Las Juntas Metropolitanas tienen atribuciones para formular y ejecutar estos planes, crear autoridades y sistemas de transporte metropolitano, establecer empresas de servicios públicos, reservar suelos para expansión urbana y planear infraestructuras como vías, puentes, parques, carriles, líneas eléctricas y rellenos sanitarios, entre otros. 

Son muchos los intereses detrás de estos hechos territoriales y de la propuesta de área metropolitana. El de los urbanizadores, con sus proyectos actuales y futuros en torno a grandes infraestructuras —y cuyos aportes a la financiación de campañas a la Gobernación y a los municipios hablan de ese interés—; el de las personas que rechazan convertirse en una metrópoli con las características de las ciudades actuales y que, por tanto, expresan intereses de conservación; el de los transportadores y empresas que se han movilizado contra iniciativas como el sistema de transporte de Rionegro (SITIRIO), lo cual refleja los distintos intereses en juego en la movilidad; el de las empresas de servicios públicos municipales y de los acueductos veredales, preocupados por los costos que implica atender el aumento de la demanda de agua y por el riesgo de ser absorbidos por EPM.

También está el interés de los municipios del resto del Oriente antioqueño, temerosos de ser desintegrados y convertidos en  el “patio de atrás”, proveedores de servicios ecosistémicos y responsables de cargas como los rellenos sanitarios; y los intereses políticos de los posibles asociados, confrontados ante los poderes especiales que tendría el alcalde de Rionegro con su facultad de veto. Finalmente, la campaña de la consulta popular del 9 de noviembre se entrelaza con la campaña para la Cámara de Representantes por Antioquia, en la que tanto quienes promueven el Sí como quienes impulsan el No se juegan su posicionamiento. 

Es legítimo que personas, organizaciones, empresas, partidos e instituciones públicas tengan intereses a favor o en contra de la propuesta de área metropolitana del Valle de San Nicolás. El espíritu democrático sugiere que es responsable poner sobre la mesa y el debate los intereses, sobre todo en este momento donde se construyen mayorías para ganar o negar. Transparentar el debate es crucial para que nadie se sienta engañado en el futuro.  

Todas las opiniones que se basen en el respeto de los derechos y se enmarquen en el tratamiento democrático son respetables para Conciudadanía. El presente Pactemos aporta a ese propósito. Invitamos con su lectura a difundir esta información que hemos preparado para aportar al debate plural y transparente.