Por el agua del Oriente antioqueño (Parte 2)

Por Nelson Enrique Restrepo Ramírez, Director Corporación Conciudadanía

En el mes de julio, Conciudadanía publicó la columna Por el agua de El Carmen de Viboral y el Oriente antioqueño (parte 1), en la que se mostró que, desde hace décadas, el Río Negro (en El Retiro) y el río El Piedras (en La Unión) entregan 9,11 metros cúbicos de agua por segundo a EPM para abastecer al Valle de Aburrá, Rionegro y El Retiro sin que los municipios puedan influir en estas decisiones. Prometimos hablar del agua del Oriente como una segunda parte, y aquí va.

Desde la década de 1970, el Movimiento Cívico del Oriente antioqueño ha reclamado autonomía territorial para gestionar el agua, las cuencas, y el territorio que abastece y soporta los embalses, los cuales son gestionados desde la centralidad de Bogotá y Medellín para beneficio de la población colombiana. Desde entonces, movimientos ciudadanos y populares, liderazgos políticos e institucionalidad pública han mantenido en permanente debate el tema del agua, con movilizaciones, peticiones, demandas y agendas legislativas.  

Ha sido tan relevante este debate, que a lo largo de los años y hasta hoy, ha contribuido a la definición de las competencias y funciones de las CAR; a la definición de las transferencias del sector eléctrico y la distribución de los recursos entre las CAR y los municipios; a la equidad en las tarifas de los servicios públicos de energía; al ordenamiento territorial de las cuencas hidrográficas, que hasta la fecha excluye las áreas de los embalses; a la exigencia de licencias ambientales para las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas – PCH, que hasta el 2010 solo requerían concesión de aguas; y a los estudios de capacidad de carga de PCH de ríos como el Samaná Norte, entre otros avances. La manera en que los municipios y territorios participan de las energías renovables – hidroenergía nos reta todavía.

Los ríos Negro-Nare y Samaná Norte han sido los protagonistas de esta historia, y el río Arma ya es candidato a mejor actor de reparto.  De los 1 226 239 litros de agua por segundo que, en 2023 estaban concesionados por Cornare, 578 814 (47 %) eran del río Nare, seguido del Samaná Norte con 490 316 litros (39 %); agua destinada en su mayoría a la generación de hidroenergía. Ambos ríos suman el 86 % del agua concesionada. El río Arma con 68 891 litros por segundo (5,62 %) y el río Negro con 41 005 (3,34 %), les siguen de lejos, con una destinación especial al consumo humano en el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás (Plan de Acción Cornare 2024-2027, p. 72).

La propuesta de Área Metropolitana para el Valle de San Nicolás aviva la discusión en torno al agua de todo el Oriente, ya no en materia hidroeléctrica, sino respecto a los usos para el consumo humano, doméstico, industrial, agroindustrial y agrícola, que seguirán creciendo según los POMCAS (2016). El aumento de estas demandas de agua, especialmente en el Valle de San Nicolás, tendrá implicaciones sobre el uso del territorio en municipios de las provincias vecinas para asegurar el abastecimiento futuro de los nuevos orientales. Y será así porque, a mayor urbanización y crecimiento de vivienda para segunda residencia en lo rural, en la cuenca del río Negro que estructura el Valle de San Nicolás, mayor será la demanda de agua y suelo, lo que disminuye la oferta hídrica de la cuenca y la capacidad de regulación de los suelos.

El saldo es un desbalance hídrico que deberá ser compensado con agua de otras cuencas. Algo similar ocurrirá con la producción de alimentos: a mayor urbanización y pérdida de suelo cultivable, menor soberanía que debe ser compensada. Con el ocio y el turismo de naturaleza también: la urbe necesita lugares para ir de paseo.

Ante estos desequilibrios territoriales, que se convierten en hechos territoriales en el mediano plazo, no queda más que ser gestionados desde la institucionalidad pública competente, mediante los instrumentos disponibles y otros que deberán crearse. Será necesario identificar puntualmente las zonas de recarga hídrica más significativas para el agua del futuro y correr a protegerlas.

Igualmente, proteger los suelos cultivables interdependientes del agua, no solo del Altiplano sino del Oriente, con esquemas como los que se han discutido para la región metropolitana de Bogotá, llamados “agropolitanos”, y figuras como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y los Distritos Agrarios. Proteger ríos, charcos, quebradas y espejos de agua, patrimonios naturales locales que hoy son el principal atractivo del turismo de naturaleza.

Estas dinámicas de crecimiento y consumo de naturaleza van a aumentar los impactos extractivos en todo el Oriente y concentrarán los residuos en donde se consumen: residuos sólidos, aguas residuales, escombros, etc. Si estos residuos no se gestionan al interior del Valle de San Nicolás y se devuelven a los municipios vecinos (como relleno sanitario en San Luis, como vertimiento al Embalse El Peñol – Guatapé, o como escombros), tendremos doble impacto: doble carga para los vecinos y mayor desequilibrio territorial.

Llegamos así al tema clave de estas dos columnas: el reparto equitativo de las cargas y las compensaciones o beneficios en escenarios de desequilibrios territoriales provocados.

El Oriente antioqueño tiene el reto de acordar esquemas de compensación por estos desequilibrios y cargas al interior del territorio: entre el Oriente urbano y rural, y del Oriente en su conjunto con Medellín y EPM, que se benefician mayormente de la generación de energía y del agua en acueductos.

Las transferencias del sector eléctrico hoy no son reconocidas como compensaciones a los territorios productores de agua y soporte de los embalses; son contribuciones parafiscales que los municipios pueden gastar en cualquier asunto y lugar, y que la CAR invierte en la totalidad de su jurisdicción. No está prevista una compensación por la captación de agua para el uso humano o doméstico.

Lo invertido por EPM en el marco del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 2022 – 2030, por captar 9,11 metros cúbicos de agua por segundo, se reduce a campañas educativas por valor de 2 700 millones de pesos destinados a publicidad en medios de comunicación y algunas cartillas (con un 22 % de avance entre los años 2022 -2023); un convenio de 2 500 millones entre EPM y Cuenca Verde, del que Cornare no tenía conocimiento en marzo del 2025; casi un millón de árboles entregados a demanda (generalmente el que los pide asume los costos de transporte, siembra y mantenimiento); y otras cositas (Expediente 056070238917 19024627 Cornare).

Así pues, el agua del Oriente antioqueño lleva casi medio siglo destinada a dos servicios públicos esenciales: energía y acueducto de los habitantes del centro de Antioquia, y es gestionada en su mayoría por EPM.

¿Cómo deberían compensar mejor Medellín y EPM al Oriente todo por lo que les provee? ¿Cómo debería compensar una posible Área Metropolitana del Valle de San Nicolás al Oriente provincial por los impactos futuros? ¿Qué papel deberían jugar las provincias y sus instrumentos de gestión ambiental en estas materias?

Las respuestas a estas preguntas dependen especialmente de la voluntad política de Medellín y EPM, así como de nuevas normas (leyes) nacionales que se adopten en el Congreso.

Acordar nuevos esquemas de compensación territorial entre sectores de la política hoy polarizados, con participación de las empresas públicas, las organizaciones comunitarias del agua y las instancias de gobernanza del agua, entre otros, sería ideal para que sean legítimos y sostenibles en el tiempo. Un ambiente polarizado como el actual frente a la figura del Área Metropolitana es el menos adecuado. Luego de que se conozcan los resultados de su consulta, debería ser el principal reto del liderazgo Oriental para tener elementos prácticos que nos cohesionen.