Violencia en el Suroeste antioqueño supera las cifras de 2024 y se configura un nuevo escenario por la disputa territorial

La Corporación para la Vida Mujeres que Crean, la Corporación Vamos Mujer, la Corporación Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad, y el Instituto Popular de Capacitación – IPC presentan el «Informe sobre Derechos Humanos del Suroeste antioqueño, 2025».

Este documento expone el drástico recrudecimiento de la confrontación armada y las violaciones a los Derechos Humanos que azotan la subregión, impulsadas por el control territorial sobre rentas ilícitas como la minería de oro y el narcotráfico.

Según datos de la Policía Nacional, analizados hasta el 30 de agosto de 2025, la cifra de homicidios (253 casos) ya superó el total registrado durante todo 2024 (245 casos). Este aumento no es generalizado, sino que se concentra en focos de disputa extrema.

Datos claves sobre la situación de DDHH en el Suroeste en 2025:

• Aumento de homicidios por disputa territorial: municipios como Andes han triplicado el número de homicidios (de 20 a 50 casos al 30 de agosto, llegando a 60 casos al 30 de octubre) y Betulia casi triplicó los casos (de 11 a 29).
• Expansión paramilitar por extractivismo: el Bloque Edwin Román Vásquez de las AGC (Clan del Golfo), especializado en minería, ha avanzado con fuerza hacia las zonas de Cartama y San Juan, buscando establecer la hegemonía de la ilegalidad en el control de yacimientos auríferos y polígonos de minería de oro y cobre a gran escala.
• Violencia sexual y de género: las denuncias por delitos sexuales se han disparado significativamente a 419 casos entre 2024 y septiembre de 2025, una cifra que contrasta fuertemente con los 155 casos reportados en los dos años previos. En más del 85 % de los casos, las víctimas son mujeres, niñas y niños menores de 14 años.
• Desplazamiento forzado: el municipio de Andes también registra el incremento más dramático en víctimas de desplazamiento forzado, pasando de 36 declaraciones en 2024 a 195 en 2025 (con corte a septiembre 2025).
• Liderazgos sociales: la confrontación afecta de manera diferencial a poblaciones como lideresas y defensoras de derechos humanos que son agredidas por transgredir mandatos patriarcales, líderes ambientales judicializados y amenazados por oponerse al proyecto Quebradona en Jericó, y comunidades indígenas (como Karmata Rúa y La Mirla) en riesgo de exterminio físico y cultural por el confinamiento y la inducción al consumo de drogas de los NNA.

El informe detalla cómo las estructuras armadas ilegales, como las AGC (Clan del Golfo) y La Oficina del Valle de Aburrá (a través de La Terraza – San Pablo), no solo se disputan el microtráfico, sino que ahora tienen como objetivo estratégico el control absoluto de las rentas provenientes de la minería ilegal. La población civil, incluidos los recolectores de café, los NNA instrumentalizados y las mujeres explotadas sexualmente, se han convertido en el «primer territorio en disputa».

Conoce el informe completo aquí: