Hoy en Colombia, para que los derechos sean hechos, también se hace necesario protestar

Medellín, 18 de mayo de 2021.

“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”.
Artículo 37, Constitución Política de Colombia.

Protestar es un derecho fundamental

La Constitución Política de Colombia, que es nuestra máxima norma y acuerdo nacional, determina que la protesta social es un derecho fundamental de todas personas y de todas las comunidades. Por lo tanto debe ser reconocido como tal por la sociedad, además de protegido y garantizado por las instituciones públicas del Estado colombiano. Nadie puede impedirle a ninguna persona asistir a una protesta y la ciudadanía puede realizarla durante el tiempo que considere necesario.

Garantizar el derecho a la protesta está además estrechamente relacionado con otros derechos fundamentales que también son reconocidos y protegidos por la Constitución Política de Colombia, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de locomoción y el derecho a la participación. Es decir, que cuando se vulnera el derecho a la protesta de la ciudadanía se están vulnerando al mismo tiempo otra gran cantidad de derechos fundamentales asociados, lo que hace aún más profunda y grave dicha vulneración.

La ley es además clara en que la protesta debe ser pacífica y sin el uso de armas, por lo que las acciones de violencia deslegitiman la protesta social y, además de generar sanciones contra quienes las realizan, producen un rechazo de la sociedad en general.

De otro lado es muy importante recordar que, a partir de los excesos de violencia y estigmatización de la protesta por parte del gobierno nacional que se presentaron en 2019, la Corte Suprema de Justicia de Colombia se pronunció al respecto mediante la Sentencia Nº 7641 de 2020. En resumen la Corte hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que se garantice el derecho a la protesta, evite la estigmatización que ha realizado de quienes ejercen este derecho y pidiera perdón por los excesos de violencia, en especial los cometidos por el Escuadron Móvil Anti Disturbios -ESMAD-, durante las protestas de 2019.

En esta misma Sentencia la Corte le solicitó al presidente de la República reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, para lo cual se debería conformar una mesa nacional de trabajo y usar como base de esta reestructuración las directrices de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de Naciones Unidas. De allí deberá como resultado la creación del “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

A pesar de que este fallo tiene más de un año y tiene el carácter de cumplimiento inmediato, el gobierno nacional no ha convocado a la Mesa Nacional y no hay avances en su cumplimiento, como se puede evidenciar en los hechos presentados en 2020. Es fundamental entonces garantizar el derecho a la protesta en Colombia, porque como lo afirmamos en Conciudadanía, la movilización social es también un mecanismo que tiene la sociedad para exigir que “los derechos sean hechos”.

Rechazamos la violencia contra quienes protestan

Desde Conciudadanía rechazamos enfáticamente el uso de la violencia y fuerza desproporcionada que la Policía Nacional y en particular el ESMAD, ha ejercido sobre las personas que están haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta. La Defensoría del Pueblo ha recibido desde el pasado 28 de abril a la fecha, denuncias de un total de 41 personas asesinadas durante las protestas en el país y cuyas muertes son atribuidas a la fuerza publica, además de la muerte de un agente de policía.

Según los reportes de la ONG Temblores se han presentado también 1.956 casos de agresiones físicas contra manifestantes, 28 de ellas oculares, así como 12 casos de violencia sexual contra mujeres que han participado en las marchas. Es también muy alarmante la cifra de manifestantes desaparecidos, de las cuales la Defensoría tiene un reporte oficial de 168 personas.

Esta grave vulneración a los derechos humanos de las personas y comunidades que están ejerciendo su derecho a la protesta en Colombia requiere de una urgente intervención del Ministerio Público y de las autoridades de investigación y justicia del país. Para garantizar justicia a las víctimas será fundamental que estos casos cometidos por la fuerza pública sean juzgados por la Justicia Ordinaria y no por la Justicia Militar.

En este mismo sentido, pedimos al presidente Iván Duque que acepte la solicitud que hizo a Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes el pasado 14 de mayo, pidieron al gobierno de Colombia la autorización para ingresar al país y observar de primera mano la situación de derechos humanos en Colombia durante las protestas sociales.

Si efectivamente el Gobierno de Colombia tiene la voluntad de garantizar los derechos humanos de los colombianos y la justicia a las víctimas que hasta ahora se han presentado, será fundamental el apoyo que en este sentido puede ofrecer la CIDH.

Diálogo y reconocimiento a la ciudadanía

Las movilizaciones en Colombia se han presentado, en la mayoría de las ocasiones, de manera pacífica y enmarcadas por expresiones llenas de color, de alegría, de música, de creatividad de movimiento y sobre todo de mucha dignidad, en la cuales las y los jóvenes han sido los principales protagonistas. Ha sido una movilización ciudadana llena de compromiso que ha vencido el miedo a la misma pandemia que azota a todo el país y que expresa el inconformismo de múltiples sectores de la sociedad frente al gobierno, sus decisiones y el rumbo que se le está dando al país desde sus instituciones. Expresan la urgente e imperiosa necesidad de un profundo cambio sociopolítico en Colombia.

Tal como lo solicita la Sentencia Nº 7641 de 2020, pedimos al Gobierno Nacional y autoridades locales y nacionales, no estigmatizar a la protesta social, usando términos despectivos o que incluso ponen en riesgo la vida e integridad y el derecho al buen nombre de quienes participan de la protesta social y buscan la ampliación de la democracia y la vinculación de los sectores históricamente excluidos. Estigmatizar la protesta es continuar el largo ciclo de violencia armada partidista.

El papel del Gobierno debe ser, en primer lugar, escuchar al país que está en las calles y reconocer sus demandas como válidas, necesarias y urgentes, desmarcándose de las mezquindades partidistas. A partir de este reconocimiento entablar los escenarios de diálogo social, nesarios para darle salida y respuesta real a las solicitudes de la ciudadanía.

Para romper con la violencia y la segregación en nuestro país, es imperativo reconocer la importancia de escucharnos, de diálogar con quien piensa diferente. Reconocermos una democracia es precisamente eso: generar acuerdos entre quienes piensan de manera diferente, buscar caminos que nos permitan entendernos como sociedad para de esa manera construir un «país» que nos represente a todas y todos.

Nuestro reconocimiento

En medio de este difícil contexto, enviamos nuestro saludo y hacemos un reconocimiento, por su inmenso valor y compromiso ciudadano, a quienes desde diferentes ciudades, municipios, corregimientos, veredas, caseríos de Colombia han levantado su voz en nombre de sus comunidades y en procura de un futuro mejor.

También agradecemos a las organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, cuerpos diplomáticos, agencias de cooperación y figuras públicas que han brindado su voz al país, se han pronunciado en respaldo de la ciudadanía y han acompañado a nuestro país. Su papel ha sido fundamental para que el mundo se entere de lo que está ocurriendo en Colombia y así evitar que se escale aún más la violencia contra la ciudadanía por ejercer sus derechos.

Hoy en Colombia, para que los derechos sean hechos, también se hace necesario protestar.