Archivado el proyecto Quebradona, es momento de un nuevo marco jurídico que priorice la voluntad de la ciudadanía sobre los usos del suelo

La Corporación Conciudadanía felicita a las organizaciones de la sociedad civil que confluyen en la #AlianzaSuroeste #SalvemosalSuroeste por su movilización, por el ejercicio de participación ciudadana que han desarrollado en pro del cuidado y la defensa de este maravilloso territorio, y que gracias a su compromiso se ha logrado, recientemente, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, archive el proceso de solicitud de licencia ambiental para la mina Quebradona en el municipio de Jericó suroeste de Antioquia.

Exaltamos el compromiso y la persistencia de los campesinos y campesinas de Palo Cabildo, de la Mesa Ambiental de Jericó y demás mesas ambientales del Suroeste, el Codeate de Támesis, el COA, la Mesa Técnica del Suroeste, Comfama, de organizaciones y movimientos del nivel nacional; porque a través de argumentos han demostrado la deficiencia técnica de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa, la inconveniencia de afectar drásticamente este ecosistema de montaña y sus aguas subterráneas. Reconocemos y exaltamos la apuesta y decisión de estos procesos y organizaciones por cuidar y proteger el patrimonio natural que sustenta la historia de los pueblos del suroeste Antioqueño.

Celebramos la decisión de la ANLA porque da a la subregión y al país, el compas de espera que se requiere para que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República saquen adelante el marco jurídico que reconozca la importancia de la participación y voluntad de la ciudadanía, en la definición de los usos del suelo, de la vocación económica y de la protección ambiental, en contextos municipales, ya que hasta el momento se ha querido desconocer los resultados de las consultas populares realizadas en Jericó y en otras municipios del país. Es fundamental que regulen las relaciones de coordinación y concurrencia entre el gobierno central y los municipios, así como la probación del Acuerdo de Escazú que incluye mayores garantías a participación de la ciudadanía en la gestión ambiental.