Contra el olvido y la soledad

Transcurría el miércoles 20 de octubre de 2021 cuando nos enteramos del asesinato de Elkin Gil, Cristian Quintero, Santiago Cobo y Santiago Guarín, jóvenes entre los 16 y 26 años que disfrutaban de rapear en la noche, hasta ese momento tranquila, del municipio de San Rafael. Dedicaban sus improvisaciones a muchos temas, pero también a la naturaleza, a la vida, a los ríos… al río Churimo. Faltaban pocos días para la celebración del Festival del Agua, un evento que reunía a lideresas, líderes y defensores del medio ambiente de todo el Oriente antioqueño. Muchos se asustaron, pero otros llegamos, y aunque cumplimos con cada una de las actividades programadas, los nombres de los jóvenes asesinados resonaban en la boca y los corazones de muchos.

Eran las 6:30 de la mañana del viernes 12 de mayo de 2023. La señora Fátima preparaba el desayuno y despachaba a sus hijos para el trabajo cuando la Sijín de la Policía irrumpió en su hogar con una orden judicial. Preocupada por la hora y los fuertes golpes, la señora Fátima abrió la puerta. Siete agentes ingresaron a la propiedad con toda la agresividad que puede tener el que carece de razones. El hijo mayor tenía 29 años y trabajaba como fontanero hace siete años en un acueducto, además era músico. El hijo del medio, de 24 años, era despachador de productos de marcas de aseo reconocidas desde hace 18 meses. El menor, de 23 años, desde los 15 años trabajaba en una comercializadora de flores.

Los agentes tenían dos descripciones y dos alias que no correspondían con la apariencia de los dos hijos mayores. Sin embargo, y sin tener orden de captura, los detuvieron. Un mes después, la negligencia y la ligereza de las autoridades trajo sus consecuencias: los dos muchachos fueron asesinados por sicarios, presuntamente de la banda delincuencial “El Meza”. Quizá los delincuentes, tan idiotas como las autoridades, creyeron la información de la débil investigación de la Sijín, basada en un solo testigo de referencia. Así fueron vulnerados los derechos de toda una familia y acabadas las vidas de dos jóvenes trabajadores y honestos.

Alguien comentó: “Qué falla no haber conocido a Elkin Gil, a Cristian Quintero, a Santiago Cobo, a Santiago Guarín, a Juan Esteban y a Yahir. Quizá hubiéramos podido salvarlos, o por lo menos podríamos contar su historia”.

Desde hace mucho tiempo, los integrantes de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente antioqueño saben que la guerra en Colombia es una guerra en donde pobres matan pobres, por orden de los poderosos y con la anuencia de algunas autoridades. Lo han hecho durante 70 años y lo siguen haciendo, sin vergüenza, y la mayoría de las veces, amparados en la impunidad. Suponen que los pobres no le importan a nadie, creen que nadie los va a extrañar y por lo tanto nadie los va a defender ni a reclamar por ellos.

Son cuatro años viendo cómo se deteriora la salud mental de muchos y cómo empeoran las garantías para la labor de líderes y lideresas, porque la corrupción no soporta su veeduría y sus denuncias. Presenciamos cómo algunos organismos del Estado favorecen los negocios ilícitos –narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, etc.– y abandonan a miles de jóvenes a la voracidad de las mafias.

Vemos cómo otras instituciones del Estado le hacen el juego al perverso discurso de la pseudo seguridad punitiva, y con procesos inventados (falsos positivos judiciales), investigaciones a medias o manipuladas, encierran a cientos de jóvenes y a otros los dejan morir en una guerra entre bandas que, además de innecesaria, es falsa. Los capos de todos los grupos criminales trabajan “amangualados” entre ellos y con muchas autoridades y clanes políticos, que permiten esta guerra porque hace rentable todo lo ilícito. La supuesta prohibición del negocio multiplica los dividendos, mientras las rentas están legalizadas en todos los sectores de la economía.

Quizá como un sueño imposible, empezamos a recorrer los 23 municipios del Oriente antioqueño con el objetivo de conocer a cada persona que lo habita. De esta manera, cuando la muerte que trae la guerra llegue, no se llevará a nadie, sino a alguien, a un amigo, a un conocido, y podremos reclamarle a las autoridades su responsabilidad y recordar su historia.

Pero las acciones más pertinentes para denunciar estas y otras situaciones que hemos atendido en estos casi 20 años, son las denuncias públicas a través de Escritos Urgentes o de Alertas Tempranas Ciudadanas, y los informes de DDHH de la Mesa. El último informe fue publicado en el año 2021, gracias al apoyo de Conciudadanía con los proyectos TAC y Salvaguarda (financiados por la Unión Europea), así como de la Alcaldía de Marinilla y la Asociación de Pequeños Productores del Oriente Antioqueño (ASOPROA).

Tanto en los escritos como en los informes, venimos denunciando los riesgos, peligros y amenazas que se ciernen sobre la población de los 23 municipios del Oriente. Lamentablemente, a estas denuncias ninguna autoridad ha hecho caso. Por el contrario, han negado la presencia de actores armados, incrementando con su silencio y negación los riesgos para las comunidades, en general, y para los líderes, lideresas y defensores de DDHH, en particular.

Durante estos tres últimos años, la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente antioqueño ha realizado casi 30 sesiones, gracias al apoyo de Conciudadanía, el proyecto TAC y otros aliados subregionales, departamentales y nacionales. Al menos 12 de estas sesiones se han llevado a cabo de manera descentralizada en municipios de las zonas de Bosques, Aguas y Páramo. Esto ha permitido ampliar el reconocimiento de la Mesa y llegar a comunidades que, de múltiples maneras, expresan su gratitud y alegría con la visita de sus integrantes.

Además, se han realizado más de 12 talleres de protección y autoprotección de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Estos nos han permitido crear, promover y fortalecer redes de apoyo, procesos y colectivos, que no solo aportan a la seguridad y al autocuidado, sino también a no sentirnos solos en la lucha por la defensa de los derechos humanos.

Escuela de Derechos Humanos del Occidente antioqueño, en Santa Fe de Antioquia, en el 2024.

En este texto no se alcanza a valorar la cantidad de personas que hemos conocido: mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que vibran con su territorio, que sueñan con transformarlo y habitarlo, a pesar de que las condiciones materiales y del conflicto insistan en desplazarles para la ciudad en busca de un sueño modelado por el sistema.

También es importante contarles que la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente antioqueño viene trabajando, desde finales del año 2023, en un proceso de planeación para fortalecer y repensar su quehacer. Este proceso aún no ha terminado, pero confiamos en seguir avanzando por el bien de las comunidades del Oriente antioqueño.

Con más de 500 asesinatos en los últimos cuatro años, la mayoría de ellos a jóvenes, y viendo que, en lugar de estar más cerca de la paz, por momentos parece que todo va a ser peor, vemos la necesidad de trabajar de manera permanente en la memoria histórica de lo que viene ocurriendo y la forma en que está mutando el conflicto. Es esencial contar las historias de estas víctimas, de todos estos jóvenes, para que no quede como última palabra “fue por temas de microtráfico”, como si esta fuera una excusa y un motivo suficiente para no llorar y denunciar su asesinato… como si esa frase resumiera una vida.

La labor de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente antioqueño es cada día más importante. Para seguir trabajando con la mística con que nos movemos por estas montañas, necesitamos el apoyo, más generoso si es posible, de ustedes. Por lo hecho hasta ahora, gracias, y por lo que viene, gracias.