Veedurías ciudadanas: si son acompañadas mejor

¿Quién no ha tenido una iniciativa y/o preocupación y ha sentido el temor de emprenderla y/o manifestarla? Probablemente, quienes hoy lo hacen de manera espontánea y natural, lograron vencer poco a poco estos temores y dificultades porque lo hicieron de la mano de otro que les apoyó. La Constitución Política de 1991 promueve un modelo de Estado y de administración pública donde la ciudadanía es protagonista, y así lo dejó expreso en su artículo 270: “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.

Este mandato constitucional se ha desarrollado a través de leyes como la Ley 134 de 1994 (por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana), la Ley 850 del 2003 (por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas) y la Ley 1757 de 2015 (por medio de la cual se dictan disposiciones para la promoción y protección del derecho a la participación ciudadana).

Pese a que las veedurías nacen con la Constitución, ¿qué tanto las hemos implementado y apropiado como ciudadanía?, ¿cómo realizarlas de manera efectiva, especialmente en municipios pequeños de sexta categoría? No es necesariamente complejo formar o realizar veedurías. Hay municipios que han llevado a cabo estos ejercicios de manera exitosa sin seguir estrictamente la formalidad legal, pero que en el fondo realizan lo esencial para lograr la incidencia deseada. Por otro lado, existen casos donde se registran numerosas veedurías solo por cumplir con los requisitos exigidos por ley para la ejecución de programas o proyectos, sin que exista un verdadero compromiso o voluntad de ejercer un control ciudadano efectivo.

Cabe preguntarse si las experiencias de veeduría han sido las suficientes para lograr una incidencia efectiva en las distintas políticas, planes y proyectos de la administración pública. En el municipio de San Luis, Antioquia, quisimos atrevernos a hacer un ejercicio de veeduría, acogiéndonos a los instrumentos que nos brinda la Constitución y la ley. Al principio, nos preguntamos cómo hacerlo solos y por primera vez. Pareciera ser ‘azaroso’, pero aceptamos el reto propuesto por Conciudadanía. En este artículo describiré brevemente el objeto y proceso de la veeduría, para exponer unas reflexiones derivadas de esta experiencia.

En el marco del Proyecto Tejiendo Acciones Conjuntas, durante el ciclo de formación, recibimos una serie de capaciones sobre Control Social a la Gestión Pública. Allí se definieron conceptos, se identificaron actores y líneas a las que se les puede hacer control social, instrumentos para ejercer dicho control y mecanismos de acceso a la información. Una vez aproximados a estos marcos conceptual y normativo, procedimos a realizar un ejercicio práctico.

Escogimos la contratación para la compra de implementos deportivos en el año de pandemia, analizamos el contexto y el modelo de contratación utilizado. Frente a las dudas, solicitamos información a través de derechos de petición. Posteriormente, con la información suministrada, se verificó en campo con los beneficiarios de los implementos deportivos la cantidad y forma de entrega. Con los hallazgos obtenidos, se llevó el caso al Concejo municipal para el control político respectivo y se puso en conocimiento de las autoridades competentes.

Participar en el proceso de formación nos permitió dimensionar la importancia de realizar este tipo de ejercicios alrededor de la gestión pública, como uno de los roles de la ciudadanía. Llevarlo a la práctica nos demostró que la mejor forma de aprender es haciendo. Si bien habíamos participado en otros ejercicios de control social, aunque sin la formalidad de esta experiencia, estar de lleno en esta ocasión nos dejó claro de que lo importante no es solo tener conocimiento de los diferentes instrumentos y marcos normativos, sino también el interés por conocerlos y contar con el acompañamiento de personas que sí los dominen. Esto porque la posibilidad de hacer veeduría en diversos ámbitos de la administración pública exige una diversidad de conocimientos técnicos, dependiendo del campo elegido.

Por ejemplo, en municipios pequeños, conformar grupos de veeduría con conocimiento sobre los diferentes asuntos de los que se ocupa la gestión pública resulta complejo, pero contar con el acompañamiento de una asesoría experta en contratación pública fue de suma importancia para formular preguntas adecuadas sobre la manera en que se contrataron los implementos deportivos.

Otros elementos importantes para el desarrollo de una veeduría son la coherencia, el rigor y la integralidad en el uso de los contenidos e instrumentos y en el análisis de la información, pero estos no siempre están presentes en el ejercicio de activismo ciudadano y político, pues venimos de una cultura de la palabra, de elocuentes narrativas, donde proliferan múltiples reclamos y soluciones. De estos aspectos nos dotó el acompañamiento y asesoría ofrecida por Conciudadanía, al guiarnos para tramitar nuestras inquietudes, orientar las rutas de acción, y acompañar el análisis y la divulgación de los hallazgos.

Así pudimos identificar que, pese a la cuarentena por pandemia y la inactividad en espacios públicos, y a que en el diagnóstico de plan de desarrollo se pidió priorizar el mantenimiento de infraestructura deportiva, se antepuso la compra de implementos deportivos en pequeños contratos sucesivos. El ejercicio de veeduría posibilitó identificar y dar cuenta de cómo el fraccionamiento de los contratos estaba relacionado con el interés de evadir una forma de contratación correspondiente, posiblemente para beneficiar al contratista que apoyó en campaña al alcalde en funciones.

Por último, resultó de suma importancia buscar la manera de hacer públicos los hallazgos de la veeduría y ponerlos ante las autoridades competentes. En esta ocasión, se realizó a través de un debate público en el Concejo municipal. Hacer de esto un tema de discusión pública permitió que la opinión de diferentes actores generara incidencia y presión, no tanto para que los involucrados en el proceso de contratación reconocieran los hallazgos (finalmente es complejo que admitan un incumplimiento o falla que pueda acarrear sanciones disciplinarias, esto dependerá de las investigaciones de las autoridades competentes), sino para que hacia adelante puedan corregir su conducta y orientar mejor las decisiones.

Así las cosas, son varios los retos que implica hacer ejercicios de control social en municipios pequeños como San Luis, donde las relaciones sociales entre sus habitantes y los funcionarios son cercanas e intensas (han sido amigos de toda la vida, son parientes, o tienen lealtades clientelares), y donde la administración pública representa para el ciudadano de a pie una fuente de empleo.

Uno de ellos es cambiar el imaginario de que hacer control social a la gestión pública es estar “en contra”, sino que es un ejercicio que complementa y aporta al mejor desempeño de la gestión pública. Otro reto es lograr un compromiso orgánico de los profesionales del municipio con intereses y causas públicas colectivas. También sortear la disponibilidad de tiempo de las personas con interés en conformar la veeduría. Finalmente, garantizar el acompañamiento técnico hacia la adopción permanente de métodos de trabajo y análisis de la información, que nos aseguren la incidencia efectiva de la veeduría y el control social en la gestión pública.