Foro con candidatos del Oriente al Congreso de la República – 2022

Compartimos las palabras de Benjamín Cardona Arango, socio cofundador de Conciudadanía y líder social en el Oriente antioqueño, sobre el contexto actual de esta subregión en materia de derechos humanos, orden público, entre otros temas, durante el Foro Subregional de Candidatos del Oriente Antioqueño al Congreso de la República.

1. El Informe de Derechos Humanos:

Se acaba de presentar el último Informe de la Mesa de Derechos humanos del Oriente Antioqueño. Sus datos son alarmantes para una población que apenas se sobrepone de la crisis humanitaria en que la sumió una confrontación armada que hasta el año 2016 había dejado 185.867 víctimas y afectado al menos a ese número de familias: desplazamientos, reclutamiento de jóvenes, desapariciones, masacres, violencia sexual, minas antipersonal, afectaciones a la infraestructura, al desarrollo rural y deterioro de la gobernabilidad democrática.

a. En este contexto, el Informe muestra la presencia de grupos armados diferentes en cada una de las 4 Zonas, Altiplano, Embalses, Bosques, Páramo: la Oficina, los Pamplona, las Autodefensas Gaitanistas, el Clan Isaza, el Mesa. La confrontación se desplaza del campo a los centros urbanos, donde antes tenían presencia ejércitos paramilitares. Las dimensiones del microtráfico ya abren espacio al narcotráfico vinculado al mercado internacional. En las zonas más rurales, se reactiva el cultivo y procesamiento de la coca. Se han destruido laboratorios que producían hasta 400 kilos mensuales de clorhidrato de cocaína. En una vereda de San Rafael, decomisaron 2.801 kilos de permanganato de potasio y 120 galones de hipoclorito de sodio. Se presume que el entable era de la banda “el Mesa”.

Las operaciones exitosas de que da cuenta la fuerza pública, si se mira a las estadísticas, parecen no resolver el problema sino atomizarlo. Puede constarse el aumento anual del número de grupos ilegales actuando en los municipios.

Puede señalarse también alguna coincidencia: en las zonas rurales, donde operaban las guerrillas, ahora se incrementan los cultivos de coca y también proyectos de minería, sobre todo en las zonas de Bosques y Páramo, con procesos de desarraigo campesino. Fenómeno que ya se vivió durante la construcción de los grandes embalses para proyectos hidroeléctricos. “Para el año 2012, dice el Informe, 11 de los 23 municipios de la región contaban con algún tipo de solicitud para la realización de proyectos mineros. La mayoría provienen de empresas multinacionales como la Anglo Gold Ashanti”. Por otra parte, en 16 de los 23 municipios de la región se quieren construir hidroeléctricas. Se han presentado 73 solicitudes ante la autoridad ambiental Cornare para nuevos proyectos.

Hay notorias coincidencias en mapas que muestren zonas de nuevos megaproyectos minero energéticos, presencia de grupos armados ilegales y procesos de desarraigo campesino y abandono de la producción de alimentos. Es decir, cambios en la vocación y usos del suelo definidos desde fuera del territorio y a costa de sus pobladores.

Si es cierto que el desconocimiento de la historia, conduce a su repetición como tragedia, podemos entender la advertencia repetida de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, retomando la frase de Einstein: “es estúpido esperar resultados distintos utilizando los mismos métodos”.

La superación de la confrontación armada, el desplazamiento de los grupos guerrilleros, la desmovilización de ejércitos paramilitares, alivió notoriamente la crisis humanitaria que afectó directamente, como se dijo antes, a más de 185.867 víctimas, según datos de 2016.

Pero, después de una notoria reducción como fruto de la recuperación del control militar del territorio por parte de la fuerza pública y desmovilización de otros actores, la tasa de homicidios se incrementa de nuevo pasando del 19 % al 30%, entre 2019 y 2021; 559 homicidios en los últimos 4 años. Centrándose hoy este incremento en municipios del Altiplano.

Al comparar los años 2020 y las cifras del 2021, se puede determinar un incremento del 135%, en estadísticas de desaparecidos: es decir que las cifras aumentan de 20 casos en el año 2020 a 47 casos registrados durante el 2021. Y la violencia intrafamiliar se incrementa en 135%. El 85 % de víctimas fueron mujeres. Con aumentos en municipios más urbanos hasta de un 311%.

Las familias que se mantienen en el territorio ven con preocupación las posibilidades de reactivación de la confrontación, y de los riesgos humanitarios que significa la presencia de nuevos grupos. De manera especial, el riesgo para sus hijos, una juventud con futuro incierto, de caer en la seducción del microtráfico y del reclutamiento, como opciones de vida.

Según el DANE, el índice de necesidades básicas insatisfecha aumenta ahora notoriamente en los municipios del Altiplano, y llega en San Francisco hasta el 72%, en Cocorná hasta el 62%, en Argelia hasta el 60% y en San Luis hasta el 58%.

2. ¿Qué hacer? ¿Qué propuestas tienen aspirantes desde el Oriente al Congreso de la República?

En el Oriente, en efecto, por no decir en Llano Grande, parece personificarse la puja entre dos propuestas de futuro.

Gilberto Echeverri, exministro de Defensa y promotor de la ley que creó los Consejos de Paz, hablaba de una paz como política no de gobierno, ‘cuatrienizada’, sino de Estado para garantizar la paz como “derecho y deber de obligatorio cumplimento”. Este fue su planteamiento: “Pascal decía que, al no poder fortificar la justicia, se ha justificado la fuerza. La actual situación del Departamento de Antioquia es el mejor ejemplo: no hay justicia, el concepto de Estado-Nación no existe, la seguridad democrática ni siquiera está enunciada, y por lo tanto todos la confunden con el concepto de defensa”. El, en efecto, entendía la seguridad democrática como seguridad humana integral basada en garantía de derechos y convivencia pacífica.

La otra alternativa la reducía a la seguridad del Estado, más que de la ciudadanía, mediante un tratamiento de orden público. Jesús de Nazaret, fue acusado como blasfemo, y crucificado, porque sostenía que “más vale el Hombre que el Sábado” (Ley sagrada para la religión judía).

La pregunta es, también hoy, pertinente: ¿La seguridad es ante todo resultado de un concepto de defensa (militar) o de la convivencia democrática y la garantía de todos los derechos para todas las personas?

Vale la pena buscar una explicación al hecho de que Colombia es hoy el único país del continente donde la guerra interna no termina, y Antioquia la región de Colombia donde la guerra y la victimización muestran los más altos índices, incluidos reclutamiento de menores de edad, desarraigo campesino, masacres, ‘falsos positivos’, estrategias distintivas de cada actor armado. Hoy toma fuerza la advertencia del P. Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad: “Si Antioquia cambia, cambia Colombia”. Y, por supuesto, la afirmación contraria. Además, no pocas personas agregan: Si el Oriente cambia, Antioquia cambia.

Guillermo Gaviria le escribía a las FARC, antes de iniciar la Marcha a Caicedo, proponiendo una salida: “Hoy el país se debate, después del proceso de ruptura de una negociación (El Caguán) alimentado por intereses de diversa índole, en el borde de una guerra, una guerra que como las otras soluciones bélicas solamente va a traer más muertos, más pobreza, más atraso social. La opción que nosotros queremos conversar con ustedes es la opción de la Noviolencia.

Y la Noviolencia no es una opción para que acoja la subversión: es una opción para que acojamos todos los ciudadanos y ciudadanas de Antioquia, muy especialmente el Gobierno, para que no se siga recurriendo al aumento del poderío militar, como equivocadamente se cree que se puede resolver el problema.

Durante 40 años hemos recurrido a esa solución y lo que hemos logrado es que la subversión aumente su armamento, que el Estado aumente su armamento y haya surgido otra tercera fuerza que ha venido aumentado su armamento, que son las autodefensas ilegales o paramilitares.

Esta Marcha (a Caicedo) busca que contribuyamos diciéndole, mostrándole al pueblo antioqueño, una opción distinta, diferente al incremento de la fuerza militar”.

No basta que en cada campaña electoral se nos hagan todo tipo de promesas. Queremos propuestas sobre como afrontar el futuro del Oriente que el Informe de Derechos Humanos nos muestra tan oscuro. ¿Cómo garantizar el derecho ciudadano a la paz y el derecho de las víctimas a la no repetición?

En el entierro de Guillermo y Gilberto gritábamos: “A la VIDA por fin daremos todo… ¡Para la guerra NADA!” “Mataron los caminantes, pero no el camino”.