Tenemos razones para cambiar a Colombia

Tenemos razones para querer cambiar a Colombia, voz propia para expresarlo, demandarlo y el derecho a protestar para exigirlo. Hay hechos históricos, estructurales y coyunturales que lo justifican, hay evidencias de calidad que así lo demuestran; no se trata de caprichos de una minoría, de opiniones dispersas, de un “dictado del comunismo internacional o del socialismo del vecino”. Nosotros tenemos nuestras propias tragedias, hay autenticidad en los pliegos que demandan cambios y reformas desde nuestros contextos y, afortunadamente, también tenemos opiniones y actualmente canales para expresarlas.

Los hechos históricos

Lo que hoy es Colombia, es el resultado de una colonización. Los blancos católicos europeos que llegaron a nuestras tierras, se hicieron propietarios por obra y gracia de un rey que les entregó las tierras y el oro despojando a los indígenas. Este asunto, continuado por siglos, consolidó en el centro de Colombia a una sociedad blanca, propietaria y expulsó a la periferia del país a los indígenas, afrodescendientes, así como a los campesinos descendientes de esclavos los marginó hacia las tierras lejanas y faldudas.

Desde estos lugares de privilegio, los del centro accedieron a la educación, a la ciencia, a la técnica (algunos accedieron directamente en Europa) y por sus patrimonios y conocimientos se hicieron empresarios, industriales, banqueros, burócratas; así, desde la centralidad de la capital o de las provincias, controlaron el poder político y económico por siglos. La historia de la clase media es más compleja de resumir, proviene de las aventuras de comerciantes, de las hazañas de la colonización tardía que dieron lugar a los pueblos más jóvenes y esencialmente campesinos; en sus historias hay mérito propio, pujanza y gloria. En los años recientes también creció una clase media de profesionales, muchas de ellas mujeres, que con sus méritos crearon empresas, comercios, emprendimientos y con su trabajo mantienen en funcionamiento las principales tareas del Estado.

Las excepciones de ascenso social existen y una de ellas ha sido muy problemática. Desde la década de 1970, contrabandistas de profesión encontraron en la coca una oportunidad de asenso económico y político, instrumentalizaron la violencia de sicarios y la corrupción de funcionarios públicos para llegar a los lugares de poder que habían ocupado hasta entonces sólo las élites blancas; la mezcla narcopolítica usó las autodefensas para defender sus patrimonios.

Tanto estas disparidades, inequidades, como los medios para reclamar la inclusión y las mismas formas de respuesta de las élites, han caracterizado un país en disputa. Cuando los excluidos han demandado ser incluidos en las propiedades, la economía, la política, no han sido tomados en serio. Para demandarlo han usado medios democráticos, cívicos, comunitarios (la asociación, la minga, el sindicato, la ONG); han protestado, generado pliegos de condiciones, agendas ciudadanas, han acordado y les han incumplido los acuerdos resultados de la movilización y los acuerdos institucionales (la Constitución, las leyes estatutarias, el Acuerdo de Paz). En muchos casos estas demandas han recibido una respuesta violenta institucional, y para estatal, por parte de las élites del centro del país y del poder y ha sido una fórmula que se ha repetido en las guerras civiles entre centralistas y federalistas, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, está también al centro del surgimiento de la guerra de guerrillas, del paramilitarismo y del actual Paro Nacional.

Los hechos actuales

Esta larga historia de exclusiones explica la inequidad territorial y la desigualdad que tenemos, explica porqué en el centro de Colombia actualmente vive más del 70% de la población, especialmente urbana blanca y mestiza; explica porqué se concentra el 90% del PIB, más del 80% de la industria y los servicios, y porqué los indígenas y afrodescendientes viven en los territorios de la periferia del país y de las grandes ciudades la mayoría en calidad de víctimas, desplazados, y en situación de pobreza extrema. También explica porqué los paramilitares se ubicaron al centro del país en torno a las principales riquezas y las guerrillas en las montañas.

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo por la forma en que fue ocupado, conformado. Esa inequidad quiere decir que existe una gran distancia entre personas ricas y pobres, considerando sus ingresos, el patrimonio y el lugar del país donde se habite. También Colombia es un territorio desequilibrado si se consideran las infraestructuras públicas, (vías, puertos, aeropuertos) y equipamientos colectivos (universidades, hospitales clínicas parques) que existen en el centro del país, comparado con la inexistencia de ellos en los territorios indígenas, afros y campesinos dispersos.

El control de la política por parte de las élites económicas es un problema serio del sistema político actual en todo el mundo. Aquí también lo es y tiene sus particularidades: la Presidencia de la República, los ministerios, la presidencia del Banco de la República, generalmente han estado ocupados por integrantes de las élites económicas; la dirección del Estado ha estado a cargo de los ricos y los muy ricos, que son generalmente quienes financian las campañas. Son realmente escasos los nombres de personas de clase media o baja que han ocupado estos cargos, nunca un indígena, un pobre y sólo, recientemente, algunas pocas mujeres. Los altos mandos militares (Policía, Ejército, Fuerza Aérea, Armada) están reservados a las personas, (hombres hasta ahora) con capacidad de asumir los cientos de millones que vale la carrera militar, mientras que los soldados y policías que ponen el pecho a las balas siempre han sido pobres y nunca serán generales.

Hay unas personas en Colombia, muy poquitos, los muy ricos, que han heredado grandes patrimonios y su éxito se los labró la cuna. Sus empresas son grandes y tienen décadas de existir, sus bancos son monopólicos, dan mucho trabajo de salario mínimo y se oponen a que suba cada año. Según la Supersociedades con datos de 2019, “los ingresos operacionales de las 1.000 empresas más grandes del país sumaron 754 billones de pesos, de este gran total, un 42% fueron aportados por las 50 empresas más grandes del país”.

Esta élite ha liderado la extracción industrializada de los recursos naturales no renovales para financiar los recursos públicos del aparato estatal que controlan y se han opuesto (a veces con violencia, siempre con decisiones políticas y jurídicas) a que ciudadanía e institucionalidad local, decidan sobre sus territorios y patrimonio natural; se han asegurado que el oro pague el 4% en regalías aunque la sal pague el 12% ; sus comercios son de grandes superficies, zonas francas, muchos de ellos son todavía hacendados y concentran la mayoría de la tierra (“el 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana” ); son los dueños de las grandes empresas de construcción de obras públicas, cazadores de las rentas de los contratos públicos; son responsables en mucho de la corrupción del nivel nacional (Reficar, Odebrecth, Chirajara); son los dueños de los medios masivos de comunicación, controlan lo que es noticia; hoy no son dueños de la totalidad de sus negocios porque vendieron partes a grandes capitales internacionales, y para mover sus mercancías globales se construyen hoy las vías 4G con sus respectivos peajes, así como los nuevos puertos; para ellos y sus productos han funcionado las gabelas en las reformas tributarias. Los muy ricos no van a la educación pública, tienen medicina prepagada, no asisten a los parques (necesitan poco de estos bienes públicos), sus relaciones y herencias (no sus méritos, inteligencia o habilidades) les ha regalado el acceso a los altos cargos del Estado, aunque sean mediocres, y sus pensiones están aseguradas.

Al otro extremo del país, de la ciudad, de la tabla de datos estadísticos, están los pobres extremos. Según el Dane, en 2019, antes de la Pandemia, la pobreza multidimensional en el país fue del 17,5% ; en 2020 según la misma entidad la pobreza monetaria (un indicador diferente) fue 42,5% y la pobreza monetaria extrema fue 15,1% en el total nacional . Resaltemos que el 42,5 % de la pobreza monetaria suman más de 21 millones de colombianas y colombianos. También están en este extremo la mayoría de los más de 8 millones de víctimas del conflicto armado interno y la mayoría de los colombianos a los que pertenecían los 6 millones de hectáreas que han sido despojadas. Seguro que a este grupo de pobres pertenece la mitad de los trabajadores de las principales ciudades de Colombia que se encuentran en la informalidad, 48,6% en el primer trimestre de 2021 , además del 15,1% de desempleados, donde las mujeres y los jóvenes llevan las peores cifras.

Tenemos razones

Hay razones para querer cambiar a Colombia y opiniones para justificarlo. Tenemos que ser capaces de reconocer, en dignidad y propiedad, los territorios colectivos de los indígenas y afrodescendientes, las tierras de los campesinos pobres y desplazados. Estas deudas históricas hay que pagarlas hoy, reparar y retejer lo que sea necesario con estos pueblos nuestros, responsables en mucho del cuidado de nuestro patrimonio natural nacional.

A los muy ricos les debemos pedir que nos respondan la siguiente pregunta: ¿Qué están dispuestos a hacer para transformar la desigualdad y la pobreza extrema en Colombia?, ¿Qué están dispuestos a redistribuir, a ceder? Sus medios de comunicación serían muy útiles para un debate nacional que nos permita conocer las voces propias de los muy ricos. Opino que los incumplimientos de los acuerdos informales e institucionales se deben a que los muy ricos no dejan que prosperen, no dejan actuar al Presidente de la República electo popularmente y condicionan a sus ministros (que son de ellos) a que no cumplan, por eso el presidente no negocia y el Gobierno Nacional incumple. Hay puntos del Paro Nacional (empleo, pensiones, reforma tributaria) que deberían ser dialogados, discutidos públicamente con los muy ricos (me ha encantado escuchar a Arturo Calle y Maurice Armitage) respecto de los empleos dignos y la redistribución del ingreso.

Los profesionales de la salud, los profesores, los empleados públicos en general, necesitan que les paguen el salario con la misma oportunidad que se lo pagan a los policías y soldados. Que se salve a sus hospitales y universidades públicas con la misma prontitud que reparan un CAI, que reconozcamos sus profesiones y oficios como vitales, indispensables y les correspondamos en consecuencia. Creo que estas instituciones y estas personas deben llegar a todos los rincones del territorio nacional a llevar los servicios del Estado Social y de Derecho. Es una demanda justa, con inmenso potencial transformador.

Creo que tienen razón los que incluyen en el pliego del Paro Nacional la defensa de sus territorios, sus patrimonios naturales, el agua para el consumo humano que se la entregado a las industrias extractivas, en especial a multinacionales en los páramos y ecosistemas estratégicos. Que tienen razón cuando se preocupan por la intención del Gobierno Nacional en el proyecto de “Ley de Concurrencia”, con el cual buscan limitar las competencias en el ordenamiento territorial que tienen los concejos municipales y cortar de tajo las posibilidades que la ciudadanía y el Estado tienen hoy de oponerse a proyectos denominados “de interés público para la nación”.

Las mujeres y jóvenes desempleados, sin propiedad, muchos de ellos técnicos y profesionales, no solo quieren un salario mínimo, quieren oportunidades que les permita desarrollar su potencial y su formación (en universidades públicas locales y extranjeras). No todos tienen aspiraciones de hacerse muy ricos en poco tiempo, muchos tienen sueños modestos del tamaño de un taller, de un restaurante en la ciudad o de un cafetal de cinco hectáreas con otras dos para la huerta y los animalitos.

Tenemos razones para protestar, el derecho a hacerlo en este contexto de exclusión y pobreza, el deber de usar la democracia para tramitar nuestros intereses y necesidades, de usar los mecanismos de participación ciudadana para oponernos a decisiones que nos afectan y proponer reformas al Estado. Tenemos razones para querer cambiar la violencia institucional como respuesta a las demandas de las movilizaciones y manifestaciones, la repetición de violencia de cualquier tipo y actor sobre la protesta no nos permite construir acuerdos democráticos. Si la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz con Farc-Ep son ciertamente acuerdos entre los actores de la sociedad y el Estado Colombiano, deben respetarse e implementarse, si incluyen apertura democrática mucho más, si atienden parte de los problemas rurales y del despojo de tierras mejor. Hay razones para que así sea.