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La minería en Antioquia durante el Gobierno de Petro  

Foto tomada del Twitter de Gustavo Petro

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El Gobierno de Gustavo Petro, convirtió a Antioquia en el principal escenario de debate del país en materia de minería; y tiene sentido porque en Antioquia se explota más de la mitad del oro, y sus metales asociados, que se extrae al año...

Por Nelson Restrepo Ramírez, Coordinador de Ciudadanía Ambiental de Conciudadanía

Con respecto al debate me refiero a las dos decisiones, tomadas también en sólo dos días, por la Presidencia de la República: quitarle las competencias de autoridad minera en materia de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos PINES a la Gobernación de Antioquia, el 13 de enero de 2023; y la del 14 de enero, de suspender la exploración minera en Jericó y Támesis pidiendo se dé prioridad a la protección del agua.   

Por el orden y la magnitud de la minería en Antioquia, en este departamento se concentran también muchos de los más grandes impactos ambientales que genera esta actividad, asociados a los vertimientos al agua, la degradación de suelos, de humedales, de los lechos y áreas de retiro de ríos y quebradas, degradación de los bosques, que sumados constituyen el factor más grueso de los diferentes conflictos socioambientales que se presentan en Antioquia. La extracción y comercialización ilegal de oro a manos de bandas criminales también convierten a Antioquia en el epicentro de las rentas ilícitas de estos grupos con los cuales el Gobierno Nacional buscará la paz total. 

Por la existencia en Antioquia de posibles yacimientos de metales estratégicos como el cobre y minerales asociados (en proceso de exploración varios de ellos en muchos municipios), los anteriores conflictos también podrían escalar a territorios con importantes riquezas naturales como páramos, reservas y distritos de manejo especial, zonas de recarga hídrica, territorios de la agricultura; por todo esto son considerados por diversos actores de la sociedad civil local, regional, departamental, como amenazas a la vida que llegan a sus territorios, en particular en el Suroeste antioqueño.  

Sumadas la magnitud de los problemas y las amenazas, es lógico que la Presidencia de la República quiera asumir un papel más protagónico en esta materia en Antioquia. Se trata de una decisión política más que técnica como ya se ha dicho; el mismo presidente afirmó en Jericó que la decisión de no permitir minería en Jericó y Támesis quedaba puesta al debate público, se refería al debate que ya está sucediendo sobre la reforma al Código Minero, a las licencias y autoridades ambientales, entre otras, que se están trabajando como proyectos de ley para llevar al Congreso después de pasar por consultas previas.  

En el caso particular de Jericó y Támesis, como el proyecto de mina Quebradona no tiene licencia ambiental, el Gobierno Nacional quiere que un proyecto como éstos se ajuste a las nuevas pautas que traerá el Código Minero y a las nuevas exigencias en licencias ambientales, y si no se ajusta no realizarlo.  En las audiencias públicas que está haciendo la Comisión Accidental de la Comisión Quinta de Senado, ya se está discutiendo si la utilidad pública y el interés nacional de una mina como la propuesta en Jericó y Támesis, que tiene unos pocos años de funcionamiento con impactos a perpetuidad y con regalías insignificantes, estarían por encima de la utilidad pública y el interés nacional que representan las aguas superficiales y los acuíferos, los territorios de la agricultura campesina, la actual y futura producción de alimentos, en una provincia que ha definido su vocación como agraria y turística.  

En esta Comisión Quinta también se están discutiendo los ajustes a las licencias y permisos ambientales, en las cuales deberán surgir los nuevos instrumentos aplicables a la valoración de los atributos de las cuencas hidrográficas, los acuíferos, los territorios de la agricultura y, en general, los nuevos instrumentos para excluir la minería en títulos mineros que actualmente coinciden con las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos y vulnerables que ordenó salvaguardar la Corte Constitucional. Instrumentos para elevarle la categoría de utilidad pública al patrimonio natural, que son bienes públicos, como se determina hoy también la minería, pero que son más relevantes para este gobierno. A lo anterior se suma el interés del Gobierno Nacional de aumentar la participación ciudadana en los procesos extractivos en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, para lo cual la sociedad civil del Suroeste es una de las más preparadas del país para este debate. 

Si estas nuevas políticas mineras, ambientales y de participación salen adelante en este gobierno, su aplicación será relevante sobre todo en Antioquia donde se concentra la riqueza, el problema y las demandas de participación de la ciudadanía y la institucionalidad pública local y regional.  Esperemos que así sea y que la discusión política en Antioquia sea intensa como siempre han querido sectores de la sociedad civil que nunca han estado de acuerdo.  

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