La minería en Antioquia durante el Gobierno de Petro  

En el caso particular de Jericó y Támesis, como el proyecto de mina Quebradona no tiene licencia ambiental, el Gobierno Nacional quiere que un proyecto como éstos se ajuste a las nuevas pautas que traerá el Código Minero y a las nuevas exigencias en licencias ambientales, y si no se ajusta no realizarlo.  En las audiencias públicas que está haciendo la Comisión Accidental de la Comisión Quinta de Senado, ya se está discutiendo si la utilidad pública y el interés nacional de una mina como la propuesta en Jericó y Támesis, que tiene unos pocos años de funcionamiento con impactos a perpetuidad y con regalías insignificantes, estarían por encima de la utilidad pública y el interés nacional que representan las aguas superficiales y los acuíferos, los territorios de la agricultura campesina, la actual y futura producción de alimentos, en una provincia que ha definido su vocación como agraria y turística.  

En esta Comisión Quinta también se están discutiendo los ajustes a las licencias y permisos ambientales, en las cuales deberán surgir los nuevos instrumentos aplicables a la valoración de los atributos de las cuencas hidrográficas, los acuíferos, los territorios de la agricultura y, en general, los nuevos instrumentos para excluir la minería en títulos mineros que actualmente coinciden con las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos y vulnerables que ordenó salvaguardar la Corte Constitucional. Instrumentos para elevarle la categoría de utilidad pública al patrimonio natural, que son bienes públicos, como se determina hoy también la minería, pero que son más relevantes para este gobierno. A lo anterior se suma el interés del Gobierno Nacional de aumentar la participación ciudadana en los procesos extractivos en cumplimiento del Acuerdo de Escazú, para lo cual la sociedad civil del Suroeste es una de las más preparadas del país para este debate.